POR: Jaime Alberto Arrubla Paucar
Ya se está elaborando lo que será la reforma tributaria del gobierno entrante, que pretende recaudar cincuenta billones de pesos; de lograrlo sería un récord histórico en el recuento de las reformas fiscales del país.
Muchos programas sociales promesa de campaña se verían atendidos, tales como la pensión de vejez para más de tres millones de ancianos mayores de 60 años y pobres; pensión asistencial, no contributiva, es decir, se les dará así no hayan cotizado, en una suma cercana hoy a los cuatrocientos mil pesos mensuales. Por supuesto, que es un propósito loable y toda una revolución para combatir la desigualdad y la pobreza.
Para buscar recursos se piensan muchas cosas, entre ellas, otra vez se habla de gravar las pensiones más altas, como si con tal recaudo se solucionara el problema. La contumacia es manifiesta, se olvidan los hacedores de la propuesta, que los ingresos de las personas que cotizaron para su pensión ya fueron gravados; volver a gravarlos, ello sería evidentemente inconstitucional. De conformidad con la jurisprudencia, se afectarían los principios de equidad y solidaridad tributaria, garantizados en el art. 363 de la Constitución Nacional, “los cuales impiden que un mismo hecho económico sea gravado dos o más veces”, pues “ello desconocería la capacidad contributiva de los contribuyentes, que pretende establecer una correlación entre la obligación tributaria y su capacidad económica”. Pero además, es un verdadero desestimulo al ahorro, pues se grava al que más ahorra. Por iniciativas como esta ocurrió el estallido social de la reforma Carrasquilla.
Más conveniente sería cortar con regulaciones que perturban la sostenibilidad del sistema; tales como las que se causan, sin que el beneficiario haya cotizado para merecerlo. En Francia, el presidente Macron tuvo que renunciar a la pensión presidencial privilegiada para igualarse con los todos los ciudadanos, por la presión de los chalecos amarillos. Existen normas en Colombia que privilegian a los funcionarios de la rama judicial, Procuraduría, Fiscalía, pensionándolos con el sueldo más alto del último año, lo que provoca, un carrusel de encargos en puestos superiores, para lograr tales privilegios; para poner solo un ejemplo de los muchos que hay en el sector público. Se contribuiría más a la sostenibilidad del sistema, si se suprimiesen estos privilegios.
No se olvide que todos los pensionados tienen que contribuir con el 12% de su pensión para el sistema de salud, lo que ya es suficiente gravamen, para ahora, tener que soportar otro, cuando ya no se goza de capacidad productiva y en contra de derechos adquiridos. Definitivamente, ¡qué falta de imaginación!, las reformas tributarias que se proponen escurren a los mismos de siempre.
