La Procuraduría General de la Nación presentó el Quinto Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz ante el Congreso de la República, revelando preocupantes desafíos en diversos aspectos de su implementación.
En el informe, la Procuraduría destacó la baja ejecución de recursos asociados a compromisos de género en la implementación del Acuerdo, así como el alto riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos en los territorios.
Reformas Rurales e Inversiones:
En relación al punto 1 del Acuerdo, referente a la Reforma Rural Integral, se informó que solo se ha cumplido el 0,65 % de la meta de adjudicación de tres millones de hectáreas. Además, el 44,9 % de las siete millones de hectáreas formalizadas presenta avances insatisfactorios. Se alertó sobre la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del Presupuesto General de la Nación del año 2022 destinados a este punto del Acuerdo.
En términos de avances físicos de proyectos de inversión, la Procuraduría señaló 184 proyectos por 2,06 billones de pesos y otros 109 por 1,4 billones de pesos con avances inferiores al 25 % y al 50 %, respectivamente.
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Programa de Reincorporación:
Se resaltó la necesidad de mejorar la atención en salud, especialmente para personas con discapacidad, y fortalecer los proyectos productivos para garantizar su sostenibilidad. Además, se hizo énfasis en la importancia de incorporar el enfoque diferencial en la oferta educativa.
En cuanto a la seguridad de los firmantes, se alertó sobre la persistencia del riesgo y afectaciones, enfatizando la importancia de reactivar y racionalizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Búsqueda de Personas Desaparecidas:
Menos del 1 % de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha completado la ruta de atención, y solo el 2,4 % ha comprometido la totalidad de los 19 millones de pesos destinados para sus proyectos productivos.
La Procuraduría instó a aprobar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y presentar la segunda parte del Plan de Búsqueda, así como implementar 29 planes regionales de búsqueda de personas desaparecidas.
En el cierre, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno para garantizar recursos al Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, facilitando así el cumplimiento de sus funciones y la divulgación del Informe Final presentado por la comisión.
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