El Tribunal de Perú ha ordenado reiniciar el proceso judicial contra el expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante su gobierno, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000.
Esta resolución, emitida el 22 de julio, anula todas las diligencias y actos procesales realizados entre 2021 y 2023, devolviendo el caso a su etapa inicial de presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía. La decisión ha generado controversia, especialmente porque deja sin efecto la apertura de instrucción que había sido realizada en perjuicio de 1.315 víctimas.
Una política discriminatoria
El caso de las esterilizaciones forzadas ha sido uno de los más polémicos en la historia reciente de Perú, ya que se refiere a la implementación de políticas de control de natalidad que afectaron principalmente a mujeres de zonas rurales y en situación de pobreza. Según la Fiscalía, estas mujeres fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas como método anticonceptivo, muchas veces sin su consentimiento o sin comprender los efectos de los procedimientos.
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Desestiman apelación
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, encargada de la resolución, también desestimó una apelación presentada por el Ministerio Público que cuestionaba la anulación del proceso penal. El Ministerio Público argumentó que la decisión de anular todo lo avanzado en el caso, incluida la apertura de instrucción en diciembre de 2021, violaba los principios de conservación, eficacia y efectividad de los actos procesales. Sin embargo, el tribunal superior concluyó que la nulidad era necesaria para ajustar el proceso al Nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia en 2004.
A esperas de Chile
El procesamiento de Fujimori por este caso se encontraba paralizado a la espera de la decisión de Chile sobre la ampliación de las solicitudes de extradición en su contra. En junio, la Corte Suprema chilena autorizó a las autoridades peruanas a juzgar al exmandatario por otros cuatro casos de presuntos secuestros agravados y homicidios calificados, lo que abrió la puerta para que el caso de las esterilizaciones forzadas continuara.
Alegan prescripción
Las defensas de los procesados, incluidos Fujimori y el congresista Alejandro Aguinaga, han expresado su intención de recurrir a la Corte Suprema para que se archive el caso. Argumentan que la anulación del auto de instrucción y la consecuente retroacción del proceso penal hasta la presentación de la denuncia en 2019 perjudican sus derechos. Además, cuestionan que el juzgado no haya emitido un pronunciamiento sobre la prescripción del delito, lo que podría haber llevado al archivo del caso.
Mientras tanto, las víctimas de las esterilizaciones forzadas y sus defensores continúan luchando por justicia en un proceso que, tras más de dos décadas, sigue sin resolverse.
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