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Pesca y sostenibilidad, un debate que llega a las Islas Galápagos

Ene 25, 2021

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DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE
EFE

Pescadores locales, representantes de la gran industria pesquera como es la atunera, biólogos, científicos y autoridades se han dado cita este fin de semana en esta localidad de la isla Santa Cruz, del archipiélago ecuatoriano, para analizar los desafíos que afronta un sector que desde hace más de tres décadas se ve sometido a restricciones de índole conservacionista.

El ministro presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray, recordó que la Reserva Marina de Galápagos es un área protegida desde 1998, en la que no se permite ninguna actividad de pesca industrial, aunque sí la artesanal de bajo impacto.

“Esto ha permitido que Galápagos siga siendo un sitio de conservación muy importante y uno de los mejor cuidados de Unesco”, subrayó el responsable del Gobierno de las islas, donde viven 15.000 habitantes, según el último censo.

Consciente de las limitaciones que afrontan el sector y los efectos devastadores que ha tenido la pandemia en la economía local, Wray propone fórmulas como buscar “un valor agregado del esfuerzo pesquero existente en este momento”.

En esta línea, plantea la producción de un atún pescado artesanalmente en el archipiélago en el marco de una denominación exportable que puede atraer, por ejemplo, al consumidor europeo consciente del impacto medioambiental de las capturas masivas.

Cómo mantener una actividad artesanal como la pesca en uno de los ecosistemas marinos más protegidos y reconocidos del mundo, y hacerlo de manera sostenible, ha centrado los debates de la industria en la que es la Tercera Cumbre Anual de Pesca, que arrancó este sábado en Galápagos.

“Un producto como es el atún, que es una especie migratoria y que en sus ciclos encuentra en Galápagos un ecosistema mucho más saludable, pescado con aparejos de bajo impacto y que debería tener una valoración mucho más alta” que el capturado de manera industrial, explicó.

Reserva marina

La Reserva Marina de Galápagos es un área protegida que se encuentra a mil kilómetros del territorio continental de Ecuador y abarca unos 133.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la mitad de la superficie terrestre del país, por lo que fue reconocida en 2001 Patrimonio natural de la Humanidad por la Unesco, y junto con el territorio insular hace menos de dos años, Reserva de la Biosfera.

Es una de las más grandes del mundo y está ubicada en una región marítima estratégica, donde confluyen varias corrientes, lo que genera una mezcla de aguas frías y cálidas que facilitan la llegada, reproducción y establecimiento de diferentes especies del Pacífico, lo que la convierte en un santuario de fauna marina.

“Juega un rol de semillero en todo el Pacífico oriental”, de ahí que la actividad pesquera sea tan grande en los límites de la Zona Económica Exclusiva, una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas.

Pesca artesanal limitada

Por su parte, Grabriela Cruz, la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) lamentó que desde hace trece años los pescadores locales no pueden faenar más allá de las 40 millas de las islas con “las artes de pesca adecuados”, y que además desde “el sector de la conservación” se está proponiendo ampliar ese límite.

La representante de la pesca artesanal pidió que este encuentro sea un punto de diálogo entre los pescadores artesanales y del ámbito industrial, el sector científico y autoridades para poder llegar a un consenso que permita la continuación de la actividad.

“Todos vivimos de una pesca sostenible para proteger a las ballenas, al tiburón, a las tortugas, los pájaros. Es importante pero no pueden estar por encima del ser humano y el trabajo”, refirió sobre una tensión no resuelta entre la pesca local y las entidades encargadas de resguardar un ecosistema marino único.

Sus principales quejas son que la pesca se ve muy limitada por esas 40 millas del límite natural establecido, que las autoridades no emiten o retrasan en otorgar licencias, que existe un número establecido de rústicos botes y que no se permite juntar dos de ellas para obtener una embarcación de mayor envergadura.

Censuran que por el contrario, los botes y yates empleados en el sector turístico, algunos de gran tamaño, obtienen licencia para navegar en las islas, al parecer, sin ningún tipo de limitaciones, y les achacan la contaminación del lecho marino y un grave impacto medioambiental.

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