Se ha convertido en un paisaje la forma discriminatoria y la negligencia administrativa de dar respuesta a los derechos de petición que presenta la ciudadanía a las entidades públicas para exigir respuestas a sus peticiones que conduzcan a buscar soluciones a sus demandas sociales. Igualmente sucede con la información que solicitan los periodistas a las entidades para difundir el accionar gubernamental a través de los medios de comunicación. Hay que recordarles a estos funcionarios que la información es pública, excepto cuando se adelantan investigaciones por parte de los organismos de control que se convierte en reserva del sumario. Pero en los demás trámites administrativos, dichos gerentes o secretarios de Despacho, están obligados constitucionalmente a suministrar información cuando se le peticionen.
Por este motivo, la ciudadanía acude a la tutela. Es la figura jurídica más usada y cercana a los colombianos del común, que ha enfrentado desde su misma creación por la Constitución del 91 diversas amenazas que, por fortuna para el país, no han logrado imponerse. Desde intentos por limitar sus alcances hasta su mal uso en tutelatones y otras desviaciones del espíritu del amparo constitucional, a lo largo de las últimas tres décadas se han promovido desde diversos sectores iniciativas que atentan contra el propósito del constituyente, que no fue otro que el de entregarle al ciudadano de a pie una herramienta poderosa para hacer prevalecer sus derechos fundamentales.
Este instrumento jurídico, se sigue utilizando por diversos actores de la opinión pública para exigir el cumplimiento de los aspectos misionales de las entidades públicas. Pero es muy deprimente que en algunos despachos de la administración pública en todos los niveles, existan funcionarios que se abstienen de cumplir con sus funciones y como si fuera poco, se niegan a suministrar información inherente a sus tareas. Inclusive cuando existen sentencias judiciales, omiten en algunas ocasiones el cumplimiento de dichos fallos. En muchas ocasiones se someten a que vuelvan a ser demandados y los incidentes de desacato, lo cual, les generan medidas pecuniarias y penales.
Cuando las peticiones ciudadanas afectan a un conglomerado, salen a protestar a las vías provocando taponamientos por las promesas incumplidas, como está ocurriendo actualmente. Es importante que se deben evitar estas situaciones de hecho. Se trata de garantizar la primacía del interés general, sin que este esfuerzo implique desconocer los preceptos constitucionales. Por eso, es importante que se utilice la búsqueda de diálogo y consensos, que debe ser un propósito permanente de nuestra sociedad. Y la mejor manera de dejar en evidencia a quienes le apuestan al caos, pasa por construir confianza con un ejercicio firme pero siempre sensato de la autoridad. Y los funcionarios tienen esa posibilidad de mantener vínculos estrechos con las comunidades. Así evitamos este desgaste institucional.
