POR: Paloma Valencia
Al ser elegido Presidente Gustavo Petro debe entender que la democracia que él desafió le permite hoy ser Presidente, y como tal su deber es el de defender y construir nuestra democracia. Esta se nutre al fortalecer las instituciones. Esta primera semana del Presidente Petro parece ir en sentido contrario.
El mismo día que se reanudan los diálogos con el grupo terrorista del ELN en Cuba, el presidente Petro decide retirar a 21 generales de la Fuerza Pública. Generales que hacían parte de la generación 60 y que tenían la mayor experiencia en seguridad ciudadana, inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Eso se suma a que ese mismo 12 de agosto los colegios del país estaban recibiendo los panfletos de la Comisión de la Verdad que establecen que el modelo de seguridad aplicado en Colombia no funcionó y que solo sirvió para defender el poder de élites económicas y políticas. No recuerdo una semana más triste para la institucionalidad.
“Se siente dolor por tantos años en una gran institución y una salida de un portazo, sin explicaciones” dijeron algunos oficiales a la revista Semana. Los nuevos generales tienen hojas de vida intachables -como las tenían quienes fueron excluidos- pero preocupa la falta de experiencia para los cargos que ocupan y el golpe innecesario a tantos hombres. Deben ser motivo de consideración también los 12 coroneles que llevan haciendo carrera toda su vida para ascensos, y hoy quedan a la deriva. A esto hay que sumarle el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ha acusado a la institución de violaciones de derechos humanos -ojo que no a los responsables- y que llega con una agenda que suena a persecución interna.
La propuesta de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa tampoco genera tranquilidad. Nuestros policías han sido reconocidos en ocasiones como los mejores del mundo. La lucha contra la criminalidad que tiene Colombia es polifuncional, no solo se ocupa de la seguridad ciudadana. Tiene que enfrentar el narcotráfico, microtráfico, guerrillas, paramilitares, grupos residuales y delincuencia común en zonas urbanas como rurales, y todo el compendio de delitos ambientales en especial la minería criminal y deforestación que le toca también a la policía. Estar cohesionados con el ejército para luchar conjuntamente contra el crimen ha sido el éxito de nuestro modelo de seguridad. Desarticular esa estructura es dejar a los colombianos indefensos.
El anuncio de diálogos con grupos delincuenciales, y esa criminalidad envalentonada intensificó su violencia con un plan pistola para llegar fuertes a la mesa. En lo corrido del año han sido asesinados 58 uniformados, 24 de ellos por el Clan del Golfo, 37 han muerto por el plan pistola. La respuesta del canciller Álvaro Leyva es que no habrá sometimiento a las bandas criminales sino acogimiento. Un término que se usó en el Acuerdo de la Habana, y que Leyva lo trae a colación porque dice que habrá beneficios para los grupos criminales. En contraste está la amenaza del Presidente para los miembros de las fuerzas donde les advierte que las masacres y las violaciones de DDHH que no logren evitar serán anotaciones en sus hojas de vida. Es decir, para los victimarios diálogos y beneficios, y para la institucionalidad amenazas y reproches.
Parece que el Gobierno está debilitando la Fuerza Pública cuando al iniciar una negociación debería mostrarla fuerte. ¿Es que el Gobierno Petro se siente más cómodo con la criminalidad que con las Fuerzas Armadas?
