El jefe de Estado respondió al Congreso luego de que no aprobó su presupuesto. Sectores políticos advirtieron que está desfinanciado.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El presidente Gustavo Petro reaccionó al Congreso tras la negativa de aprobar el presupuesto para 2025, lo que generó advertencias por parte de sectores políticos sobre una posible desfinanciación. Utilizando su cuenta personal en X (anteriormente Twitter), el mandatario colombiano anunció una decisión contundente: «Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso».
Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió a la postura adoptada por el Congreso, la cual representa un revés significativo para el Gobierno. «Las normas son claras: solo se puede incluir lo que está financiado, no aquello que no cuenta con una fuente de recursos», mencionó Cepeda, haciendo alusión a los 12 billones de pesos de la Ley de Financiamiento que no podían ser incluidos en el decreto.
Cepeda explicó que el Congreso había propuesto discutir y posteriormente adicionar la reforma tributaria, pero el gobierno no aceptó. Por lo tanto, el presupuesto de **511 billones de pesos**, que había sido objeto de debate en las comisiones económicas del Senado, será el que finalmente rija. «Los recursos complementarios para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral seguirán sin recorte alguno», aseguró Cepeda.
Asimismo, advirtió que probablemente la Corte Constitucional intervendrá en los puntos que no cuentan con una fuente de financiación adecuada, como consecuencia de la falta de una reforma tributaria que respalde el presupuesto.
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La respuesta de Petro se produjo luego de un extenso debate en el que se presentó una propuesta alternativa que buscaba reducir el monto del presupuesto a 488 billones de pesos. Sin embargo, la sesión no pudo concluir debido a la falta de quórum, lo que impidió la aprobación de la declaratoria de sesión permanente. Esto dejó al Gobierno en la obligación de expedir el presupuesto por decreto, sin los ajustes que tradicionalmente realiza el Congreso.
Este panorama se dio en un contexto de tensiones políticas y polarización, con diferentes reacciones entre los sectores. Katherine Miranda, representante a la Cámara, calificó lo sucedido como la «crónica de una muerte anunciada», señalando que el presupuesto colapsó por ser «irresponsable, anti-técnico y cero riguroso». Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, celebró la decisión, afirmando que «el presupuesto de Petro fue negado» y que se habían salvado los recursos destinados a las elecciones de 2026.
Durante el debate, se evidenció que ya en la sesión previa no se logró aprobar el orden del día debido a la falta de quórum, lo que dejaba claro que el trámite del proyecto estaba en dificultades desde el inicio. Ahora, con la decisión de expedir el presupuesto por decreto, el proceso queda en manos de la Corte Constitucional, encargada de revisar su constitucionalidad y velar por el cumplimiento de los principios democráticos del país.
La decisión del presidente Petro de expedir el presupuesto por decreto ha generado un intenso debate sobre el papel del Congreso y su capacidad para cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Algunos analistas han señalado que este hecho refleja una creciente fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la gobernabilidad del país. La falta de consenso sobre temas cruciales como la reforma tributaria y la financiación de sectores clave pone en evidencia las profundas divisiones políticas que atraviesan a Colombia en este momento, complicando aún más la gestión de las finanzas públicas.
Por otro lado, el hecho de que el presupuesto sea expedido sin los ajustes del Congreso deja en el aire varios interrogantes sobre cómo se ejecutarán los recursos en áreas sensibles como la salud, la educación y la infraestructura. Sin una ley de financiamiento clara, existe el riesgo de que ciertos programas queden desfinanciados, lo que podría afectar la estabilidad económica en 2025. En este sentido, la intervención de la Corte Constitucional será clave para determinar si el presupuesto decretado cumple con los requisitos legales y si las medidas adoptadas por el Ejecutivo se alinean con los principios de equilibrio fiscal y justicia social que demanda la Constitución.
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