El presidente Gustavo Petro justificó el reciente incremento en el precio del diésel, argumentando que es una medida necesaria para recuperar fondos que serán destinados a programas sociales.
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que “el alza del diésel es justa” y que el país no se dejará bloquear por las protestas que han surgido en respuesta a esta decisión.
Desde el 30 de agosto, los camioneros han organizado manifestaciones en las principales vías de acceso y salida de Bogotá y otras zonas del país, creando un caos vial que no se veía en la capital desde hace años. Estas protestas, que han continuado hasta el 3 de septiembre, son una reacción al aumento del precio del diésel, conocido en Colombia como ACPM, lo que ha generado una ola de descontento entre los transportadores.
En su mensaje, el presidente Petro explicó que el alza del diésel responde a la necesidad de recuperar los recursos de un subsidio que, según él, no debería haberse otorgado y que ha contribuido significativamente a la deuda pública del país. “Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel”, afirmó el mandatario, al tiempo que indicó que el Gobierno ya ha comenzado a tomar medidas para enfrentar lo que describió como un «Lock out» o paro empresarial.
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El Ministerio de Transporte, por su parte, ha hecho un llamado al diálogo, invitando a los transportadores a evitar el bloqueo de los corredores viales y garantizar la movilidad de los ciudadanos. “Nos reunimos con subdirecciones de policía para analizar los puntos críticos con bloqueos por el paro, reiterando la invitación al diálogo”, señalaron desde la entidad.
Andrés Camargo, ministro de Minas, también se sumó al llamado, destacando la importancia del incremento en el ACPM y reafirmando el compromiso del Gobierno de mantener abiertos los canales de diálogo. “Estamos presentes en todos los puntos críticos de Colombia para enfrentar la situación”, subrayó.
El Gobierno busca así mitigar las tensiones y encontrar una solución consensuada que permita avanzar en la implementación de las medidas necesarias sin afectar la economía del país ni el bienestar de sus ciudadanos.
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