En la alocución televisada de ayer, el presidente Gustavo Petro reveló que el gobierno de Iván Duque, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), adquirió el software de espionaje israelí Pegasus, utilizado para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones, por un monto de 11 millones de dólares en efectivo.
El presidente Petro expresó su asombro e indignación ante las irregularidades en esta compra, cuestionando abiertamente el proceso. “¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo, desde oficinas estatales, quizás de la Dipol, hacia Israel para comprar un software que espía celulares?”, preguntó el mandatario. Este señalamiento abre una serie de interrogantes sobre el uso de este software, que, según Petro, fue adquirido para interceptar comunicaciones sin la debida autorización judicial.
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El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group Technologies Ltd., ha sido objeto de controversia internacional, ya que ha sido utilizado en varios países para espiar a políticos, periodistas y activistas. Según la denuncia de Petro, su adquisición en Colombia se realizó durante el estallido social de 2021, cuando miles de jóvenes protestaban en las calles y enfrentaban una fuerte represión estatal.
«Estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos por funcionarios públicos, espionaje interno sin orden judicial, delitos contra país extranjero cuyos autores pueden ser extraditables, y corrupción sin límites«, afirmó el presidente Petro. Además, destacó que la operación de compra se realizó en medio de un clima de represión, donde jóvenes manifestantes fueron asesinados, mujeres adolescentes sufrieron violaciones y miles de estudiantes fueron detenidos.
El presidente fue más allá y comparó esta situación con el famoso escándalo de Watergate en Estados Unidos, señalando que este caso de espionaje en Colombia lo superaría en gravedad. «El Watergate de Nixon palidecería de la envidia», dijo Petro, quien también apuntó a la impunidad que, según él, ha caracterizado a las instituciones de control judicial y administrativo en Colombia, que no investigaron ni revelaron estos hechos.
Según el presidente, las interceptaciones habrían tenido como objetivo espiar a la oposición política, entre otros actores, con el fin de debilitar sus posibilidades de éxito electoral.
Las acusaciones presentadas por el mandatario también apuntan a la posibilidad de alianzas internacionales «no santas» que habrían colaborado en estas violaciones de los derechos ciudadanos, y aseguró que los responsables podrían enfrentar procesos judiciales en el extranjero, dada la magnitud de los delitos denunciados.
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