El presidente de la República, Gustavo Petro, reapareció en la red social X el lunes 7 de octubre, tras un fin de semana de ausencia en las redes sociales, para expresar su inconformidad con la decisión del Consejo de Estado.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Este organismo admitió una tutela que le exige al mandatario responder por su controversial alocución del 4 de septiembre, en la que reveló información confidencial sobre una supuesta transacción para la compra del software de espionaje Pegasus, realizada por el gobierno anterior de Iván Duque.
En aquella ocasión, Petro afirmó que durante el paro nacional de camioneros y en un momento de gran expectativa por parte del país, decidió dirigirse a la nación en una cadena nacional de 15 minutos para revelar un documento confidencial de la autoridad fiscal suiza, Impa. Según dicho documento, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, habría señalado una serie de transacciones por valor de 11 millones de dólares hacia un banco en Israel. Según Petro, con ese dinero se habría adquirido el programa Pegasus, una herramienta utilizada para espiar a la oposición durante las elecciones de 2022.
En su alocución, el presidente denunció que el programa de espionaje no solo fue utilizado para interceptar comunicaciones de sus adversarios políticos, sino también para espiar a líderes juveniles y manifestantes durante el paro nacional de 2021. Petro expresó su descontento con el Consejo de Estado, al afirmar que su derecho a expresarse estaba siendo coartado. «El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta», sostuvo el mandatario en su mensaje en X.
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Las implicaciones de la denuncia de Petro
Petro generó una gran controversia al afirmar que los 11 millones de dólares en efectivo habrían sido transportados desde Colombia a Israel en aviones de la fuerza pública, y que el programa Pegasus habría sido adquirido para ser utilizado por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Según el presidente, el software fue proporcionado por la firma israelí SNO Group Technologies Limited, aunque hasta el momento no se ha presentado evidencia que respalde estas acusaciones.
El mandatario insistió en que la compra del software fue una operación irregular y solicitó a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, que adelantara una investigación a fondo sobre el caso. Durante su intervención, Petro también cuestionó la facilidad con la que una suma tan grande de dinero pudo salir del país, y criticó el uso del software para espiar a la oposición política.
«¿Cómo es que salen del país 11.000.000 de dólares en efectivo en un avión, o dos, desde oficinas estatales, Catam, quizás, o la Dipol, para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizá durante meses, del principal partido de la oposición, que terminó siendo la primera fuerza del país?», expresó Petro en su intervención, mostrando su incredulidad y exigiendo respuestas claras.
La decisión del Consejo de Estado y su impacto
El Consejo de Estado, mediante su Sala de lo Contencioso Administrativo, decidió admitir una acción de tutela presentada por Stefan Bravo Martínez, representante de la veeduría ciudadana Antioqueños por Colombia. Bravo alegó que Petro, al revelar información confidencial sobre la compra de Pegasus, vulneró varios derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz e imparcial.
Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro deberá responder, en un plazo de dos días, con un informe detallado sobre los hechos expuestos en la tutela. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa también fueron vinculados al proceso, ya que ambos organismos tienen interés en las investigaciones sobre el software Pegasus.
Uno de los puntos clave que resaltó el Consejo de Estado en su fallo es que, a más de un mes de la alocución de Petro, aún no se han presentado pruebas claras que demuestren la existencia o uso del software Pegasus en Colombia. Tanto la fiscal general como el ministro de Defensa y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, han negado la utilización del programa de espionaje.
Consecuencias internacionales
La revelación de Petro sobre las supuestas transacciones de 11 millones de dólares hacia Israel trajo repercusiones internacionales. El Grupo Egmond, una red global de 177 países que se dedica a rastrear movimientos financieros sospechosos, sancionó al Gobierno colombiano por divulgar información confidencial. Esta medida restrictiva ha generado incertidumbre, ya que aún no se ha determinado hasta cuándo estará en vigor la sanción impuesta por el Grupo Egmond.
La controversia alrededor de la denuncia de Petro sobre el software Pegasus sigue generando debate en el país. Mientras algunos sectores apoyan su transparencia al revelar lo que considera un acto ilegal del gobierno anterior, otros critican la falta de pruebas que respalden sus afirmaciones. La decisión del Consejo de Estado podría marcar un precedente sobre los límites de la información que un presidente puede o no compartir con el público, y las investigaciones en curso determinarán si el programa Pegasus fue realmente utilizado en Colombia. Por ahora, el país espera respuestas claras tanto del Gobierno como de las instituciones involucradas en el caso.
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