DIARIO DEL HUILA, ESPECIAL
Quien fuese comandante de la XVI Brigada (de Casanare) entre diciembre de 2005 y junio de 2007 y comandante de la IX Brigada en el Huila en el periodo 2011 a 2012, reconoció su responsabilidad a título de autor mediato de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Henry William Torres Escalante de ser hallado culpable enfrentaría una pena cercana a los 20 años de prisión por falsos positivos.
El mayor general retirado (r) del Ejército Nacional, Henry William Torres Escalante y otros 17 exmilitares, reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 296 personas a través de ‘falsos positivos’, crímenes en los que los oficiales de alto rango presentaron a personas indefensas como guerrilleros en los llamados casos de “falsos positivos”.
Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que los responsables habían sido imputados el pasado 14 de julio y llamados a reconocer el asesinato de 296 personas, entre los años 2005 y 2008, a través de 212 eventos ocurridos en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En total, añade la JEP, fueron acusados 22 máximos responsables militares y tres partícipes no determinantes que hicieron parte del Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno) y de los batallones de Contraguerrilla 23, 29 y 65, el DAS, además de dos civiles. En estas imputaciones tomaron en cuenta los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, quien recientemente fue extraditado a EE.UU.
En lo que concierne a Torres Escalante, la JEP detalló que fue comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007, y reconoció «los casos de falsos positivos de los que fue imputado y aceptó los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas».
A través de una carta, Torres Escalante expresó: “asumo con vergüenza el señalamiento como máximo responsable que se me hace en el auto, por los lamentables crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidas por hombres bajo mi mando mientras me desempeñé como comandante de la Brigada XVI″.
De igual forma, también reconocieron su máxima responsabilidad como autores mediatos, el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería Nº 44 Ramón Nonato Pérez, entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.
Según la investigación de la Sala de Reconocimiento de la JEP, hay bases suficientes para afirmar que 212 (64,4 por ciento) de las 329 muertes en combate presentadas entre 2005 y 2008 por la Brigada XVI fueron en realidad asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate. Además, aunque en otros casos las víctimas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla, delincuentes o paramilitares, en el momento de su muerte no participaban en combate alguno.
La caída del general
En 2016, Henry William Torres Escalante se convirtió en el primer general activo del Ejercito Nacional en ser arrestado por los falsos positivos.
Escalante, quien fuera comandante de la IX Brigada en el Huila en el periodo 2011 a 2012, entró en “desgracia”, luego de que el teniente Marco Fabián García Céspedes, lo vinculará a la muerte de dos labriegos ocurrida en una finca en el corregimiento El Triunfo de municipio de Aguazul (Casanare).
La decisión de llamar a juicio al general Torres Escalante, se dio luego de que se conociera la condena a 22 años de cárcel para el teniente Marco Fabián García Céspedes, quien purga dicha sentencia hoy día en la cárcel de Facatativá (Cundinamarca).
En su etapa de juicio, el ex oficial además de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía, aportó elementos probatorios que sirvieron de sustento al ente acusador para responsabilizar de manera directa al general en la planeación del asesinato de los dos campesinos.
Asimismo, Marco Fabián García Céspedes siempre afirmó que los comandantes siempre tuvieron el conocimiento de que morían personas inocentes pero lo único que les interesaba eran los resultados.
“Nunca hubo objeción, nunca me dijeron nada, todo eran felicitaciones”, declaró en su momento.
Las pesquisas de la Fiscalía
Según el acervo probatorio, aparte del testimonio del teniente Marco Fabián García Céspedes, se presentaron más de 93 testimonios, 12 pruebas periciales, 53 inspecciones judiciales y cerca de 224 pruebas documentales; con estos elementos, la Fiscalía comenzó a estructurar el proceso contra el mayor general retirado (r) del Ejército Nacional, Henry William Torres Escalante e indicar que era él, quien “estaba a cargo de la preparación, ejecución y control del desarrollo de la Misión Táctica Fragmentaria No. 05 ‘Marte’”, en la que fueron asesinados Daniel Torres y su hijo.
Es por ello que para el ente acusador siempre fue preponderante la decisión de Escalante en el asesinato de los dos labriegos. Así, lo dio a conocer la Fiscalía en su escrito de acusación.
Para la Fiscalía, la muerte de los campesinos, quienes habrían sido presentados como auxiliadores del ELN, fueron planeadas con anticipación. Supuestamente el objetivo de los militares que se vieron involucrados en el crimen, era silenciar a las víctimas, pues ambos eran testigos en dos procesos por “falsos positivos” que se estaban adelantando contra varios miembros de la unidad castrense bajo el mando de Torres Escalante. En el expediente en su contra, habría material probatorio que demostraría que Torres Escalante tendría responsabilidad en más de 80 extrajudiciales en Casanare, especialmente en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
“No obstante esto no fue más que un plan creado, ideado y puesto en ejecución para segar la vida de padre e hijo y, finalmente, mostrarlos como un resultado operacional positivo, específicamente consistente en dos personas del grupo muertas en combate producto de la operación adelantada por el Grupo Especial Delta 6”.
Por esta razón, para el ente acusador Daniel Torres y su hijo Roque Torres fueron asesinados y su muerte se remonta a un poco antes del mismo crimen.
“Las víctimas no eran desconocidas para los integrantes de la Brigada (XVI), tampoco para su comandante (Torres Escalante). Siete meses antes del fatídico suceso habían estado dentro de las mismas instalaciones de la brigada, rindiendo declaración ante Óscar Nelson Guerra Chinchía, juez 44 de Instrucción Penal Militar, poniendo en conocimiento los detalles del homicidio del señor Hugo Édgar Araque Rodríguez, reportado también como supuesta muerte en combate (…) de la cual habían sido testigos”.
“El comandante de la Brigada XVI tenía la información precisa y completa acerca de las víctimas, la cual utilizó de manera conveniente para sus fines personales, que no eran otros que callar a quienes venían alertando ante las organismos de control y ONG las irregularidades en las operaciones militares (…) donde se reportaban civiles como muertes legítimas en combate, cuando lo que realmente acontecía eran homicidios deliberados de campesinos y labriegos no combatientes tildados de ser auxiliadores y milicianos de la guerrilla”, concluyeron los investigadores.
Mea culpa
Luego de su aceptación en la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su contra por falsos positivos en el departamento de Casanare, el general en retiro Henry Torres Escalante aceptó y reconoció su responsabilidad por esos crímenes de guerra, con ello, dejó de lado su postura de inocencia sostenida por muchos años y aceptó sus omisiones transformadas en homicidios.
Al respecto, Escalante hizo un duro reconocimiento, pidió perdón a las víctimas y sus familiares, y resaltó su dignidad y buen nombre.
“Asumo con vergüenza el señalamiento como máximo responsable que se me hace en el auto, por los lamentables crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidas por hombres bajo mi mando mientras me desempeñé como comandante de la Brigada 16″.
De igual forma, el ex oficial del Ejército Nacional reconoció responsabilidad señalando sus presiones permanentes sin distingo a las condiciones de sus subalternos, y sin respeto a la “vida humana como prioridad”.
“Caí en la irresponsabilidad de hacer comparaciones entre las unidades y exaltación por resultados operacionales, comentarios imprudentes, llamados de atención a algunos comandantes (…) aspecto que sin duda conllevó a incrementar las presiones, llevándolos entre otros motivos, a realizar operaciones ilegítimas”.
Asimismo, Escalante también reconoció que gracias al concepto de “guerra jurídica” dejó de lado cualquier denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales, no acompañó las investigaciones internas, y tampoco verificó los procedimientos y protocolos para reportar las bajas en combate, expresando que “se volvieron mecánicos”.
“Me pongo en pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde, asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que, en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate, fueron determinantes para la ocurrencia de lamentables hechos que enlutan sus hogares”, expresó.
Torres Escalante, asimismo, reconoció el error de haber felicitado a oficiales por esos homicidios sin haber adelantado investigaciones exhaustivas y el daño producido a las víctimas de “desaparición forzada y homicidio en persona protegida porque además de soportar la ausencia de su ser querido, tuvieron que sufrir señalamientos en contra de la dignidad y honra de sus familiares”.
Adicionalmente, y al reconocer nuevamente su responsabilidad como autor mediato, imputada por la jurisdicción, señaló su disposición de ampliar su reconocimiento en la audiencia pública que se convoque, así como presentar propuestas de índole reparador hacia las víctimas.
Que viene ahora
Pese a que ante la JEP el general en retiro ya aceptó su responsabilidad por omisión en los falsos positivos, en el marco del debido proceso Escalante, puede enfrentar un juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz en el cual, si es hallado responsable, lo podría llevar a pagar una pena de hasta 20 años de prisión.
“La Sala estableció como fecha límite el 8 de noviembre de 2022 para que todos los comparecientes reconozcan los hechos que les fueron imputados y su responsabilidad o, por el contrario, los rechacen. Igualmente, los comparecientes pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto”.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
