Cuando el 28 de abril arrancó el paro nacional y seguidamente el comité nacional dio a conocer sus peticiones al gobierno para levantar las movilizaciones e iniciar el diálogo, el primer punto que aceptó el Presidente de la República fue la matrícula cero.
Aunque cogió por sorpresa a todos, pues no se había profundizado el tema, ni la financiación, el proyecto fue presentado al Congreso de la República para su estudio y aprobación.
Sin embargo, el miércoles anterior, el Congreso de la República, que cada vez es considerado menos representativo de la voluntad de los colombianos, hundió en Comisión sexta del Senado el proyecto de Matrícula Cero por un año al considerarlo costoso en un momento de crisis económica.
El proyecto, propuesto por senadores de oposición, pretendía garantizar la gratuidad en estudios superiores de pregrado y posgrado durante un año, para el beneficio de muchos jóvenes colombianos. Pese a que se había planteado una ruta para obtener los recursos necesarios para su implementación, el Senado hundió la propuesta sin admitir sustento alguno.
Sin embargo, paradójicamente, fue aprobado el proyecto de ley para que se reforme el Código General Disciplinario y se incrementen las facultades y el presupuesto de la Procuraduría, con una arrasadora mayoría de 53 votos contra nueve y 22 impedimentos.
El proyecto de ley ampliaría las funciones de la Procuraduría permitiéndole emitir o participar en procesos de sanciones, destituciones e inhabilidad, a servidores públicos elegidos por voto popular, y se habilitaría la doble instancia en los procesos, además, permitirá la creación de 500 nuevos puestos en la entidad, así como la generación de 1.000 cargos más en la Defensoría del Pueblo con la reforma a la justicia.
Frente a este panorama salta la duda ¿Plata no hay? ¿Para qué? Pues las decisiones tomadas por el Congreso durante esta semana parecen un contrasentido. Se niega la posibilidad de educación superior gratuita a los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, por falta de plata, pero se aprueba la creación de 1.500 cargos en dos instituciones del Estado, que contribuirán a la burocracia, porque seguramente no son cargos con salarios de cero pesos. ¿O sí?
Ahora solo queda que la Corte Constitucional le dé el visto bueno a estas ‘aprobaciones’, donde esperamos le pongan un freno a este exabrupto del Congreso, que prioriza la burocracia y el clientelismo por sobre la educación de los jóvenes colombianos.
