Una medida de la Superintendencia Nacional de Salud abre la puerta para que menores de edad trans accedan a procedimientos de cambio y reasignación de género. ¿Se excedió en sus funciones este organismo? El país está dividido.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
La reciente medida de la Superintendencia Nacional de Salud que busca garantizar el acceso de menores de edad trans a procedimientos de reafirmación de género ha generado un intenso debate en Colombia. La circular, presentada como un avance en derechos para la población transgénero, ha sido criticada por varios sectores, quienes cuestionan si este organismo se extralimitó en sus funciones al abordar un tema tan sensible como el acceso a tratamientos médicos para niños y adolescentes.
La circular tiene como objetivo saldar una deuda histórica con la comunidad trans, que durante años ha enfrentado obstáculos en la atención médica adecuada y en el acceso a servicios especializados. El documento establece 12 lineamientos que deben seguir las EPS, IPS, farmacéuticas y secretarías de salud para garantizar una atención inclusiva y con enfoque diferencial a las personas trans. Sin embargo, el punto más controvertido es el que trata sobre las “Infancias y adolescencias trans”. Este apartado reconoce la necesidad de atención específica para menores trans, incluyendo el acceso a servicios de salud mental, educación sexual y apoyo para la afirmación de género.
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El aspecto más polémico de este punto es que abre la puerta a que los menores puedan acceder a procedimientos médicos como la esterilización quirúrgica. La Superintendencia asegura que su circular se basa en la sentencia T-218 de 2022 de la Corte Constitucional, que establece que la identidad de género comienza a manifestarse desde los tres años de edad. Sin embargo, la interpretación de esta sentencia y la aplicación de dichos procedimientos a menores ha provocado reacciones encontradas.
Expertos en pediatría, como Susana Aguirre Valverde, expresan su preocupación por la falta de información y herramientas que tienen los padres de familia para acompañar a sus hijos en una transición de género. Aguirre cita estudios que indican que el cerebro y la identidad sexual siguen desarrollándose hasta los 25 años, lo que sugiere que los menores no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones permanentes sobre su identidad. Además, estudios recientes, como el de la doctora Hilary Cass en el Reino Unido, han documentado casos de jóvenes que se arrepintieron de haber iniciado procesos de reasignación de género en etapas tempranas, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad y el bienestar a largo plazo de estos procedimientos.
Por otro lado, sectores políticos, como el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático, han calificado la medida como «una aberración», argumentando que vulnera los derechos de los niños y se opone a principios jurídicos y biológicos. En tanto, la congresista Lorena Ríos de Colombia Justa Libres denuncia que la Superintendencia se está extralimitando en sus funciones, legislando sobre un tema que debería ser competencia exclusiva del Congreso de la República.
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Sin embargo, defensores de la medida, como la psicóloga Jonna Corredor, argumentan que limitar el acceso a estos servicios podría llevar a que las personas trans recurran a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su salud. Corredor sostiene que el sistema de salud actual, que clasifica los servicios entre hombre y mujer, excluye a las personas con identidades de género diversas, lo que refuerza la necesidad de una atención diferenciada y especializada.
Luis Carlos Leal, superintendente de Salud y miembro de la comunidad LGBTI, ha defendido la circular, señalando que fue desarrollada con el apoyo de equipos interdisciplinarios y organizaciones de la sociedad civil, y que su propósito es armonizar los lineamientos ya establecidos por la Corte Constitucional. Asimismo, aclaró que la Supersalud no autoriza directamente los procedimientos médicos, sino que su función es instruir a las entidades de salud para que conformen equipos profesionales que garanticen una atención adecuada a los menores de edad trans.
Pese a las críticas, desde el 20 de septiembre de 2023, la circular está vigente en todo el territorio nacional. Las entidades de salud que no cumplan con las instrucciones establecidas podrían enfrentarse a sanciones administrativas, marcando así un hito en el acceso a los derechos de la comunidad trans en Colombia.
