Por: Luis Humberto Tovar Trujillo
Hablar sobre política criminal plantea muchos retos ya que abarca múltiples problemas sociales, herramientas políticas, estrategias del Estado y consecuencias, como se puede evidenciar en la definición que desarrolla la Corte Constitucional en la sentencia C-646 de 2001, y dice: “Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”.
Es de importancia resaltar que generalmente en Colombia, se ha venido sosteniendo, y algunos han seguido sosteniendo la idea de que el país carece de la política criminal.
Y puesto a esta preocupación general que tuvo el gobierno nacional en el 2011, se decidió crear la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado Colombiano, teniendo como objetivo primordial diseñar lineamientos de lo que era y debía ser la política criminal.
La Comisión parte el supuesto de que, la política criminal, no puede ser construida sin fundamentos de ninguna naturaleza o con la mera liberalidad de una entidad del gobierno o de una persona o simplemente obedeciendo a los caprichos que puedan presentarse dentro de la sociedad, en un momento determinado.
Desde ese punto de vista, se considera que las bases de los fundamentos deben estar específicamente establecidos en la Constitución Política de Colombia.
Es decir, que allí se deben encontrar unos condicionamientos específicos para configurar
esa política, y en ese punto, se halla que la Constitución Política de Colombia actúa de manera supremamente protectora de las libertades esenciales de las personas, luego la política criminal, debe enfocarse dentro de esa perspectiva principal. Es decir, abandonar los criterios de mera represión y del castigo por el castigo mismo, y tratar de comenzar a configurar todas las medidas de política criminal desde una perspectiva de derechos, que proteja tanto los derechos de las víctimas, como los de los autores de las conductas lesivas. En este sentido, es una doble dimensión que debe examinarse desde ambas perspectivas.
Grave desde todo punto de vista, que, pese a las exigencias de la sociedad, portadora del interés general que son las víctimas en última instancia, sea el gobierno incapaz de realizar la fumigación de los cultivos ilícitos, de los que solo se nutre la delincuencia generalizada del país y, convertido en el caldo de cultivo de los más detestables indicadores delincuenciales, jamás vistos en nuestra sociedad.
Que incapacidad para enfrentar la delincuencia; otra forma de reducir el tamaño de la población colombiana, señor Bill Gate.
