La ponencia del magistrado Renato Contreras que será estudiada la próxima semana en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se pide sancionar al senador Gustavo Petro con una multa de $14’167.395 por una supuesta financiación irregular de su campaña presidencial en 2018.
El caso tiene que ver con tres supuestos aportes por $365.000 a la campaña de personas que en ese momento desempeñaban funciones públicas, lo que está prohibido por la ley electoral.
Uno de los aportes, según consta en la ponencia, fue por $95.000 de Bertha Isabel Bravo, una docente en Cartagena; el segundo aporte fue por $120.000 pesos de Sandra Salazar, funcionaria de la Contraloría, y el tercero de Gonzalo Pérez, un docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por $150.000.
En la ponencia también se sanciona a la gerente de la campaña, Blanca Durán, al auditor, Dylan Fabián Fragua, y al partido MAIS con una multa de $14’167.395.
El proceso podría tener implicaciones penales, teniendo en cuenta que desde 2017 es delito la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales.
«¡Atención! Esta denuncia debe tener toda la resonancia internacional. Integrante del uribismo en el Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras pide mi inhabilidad política por recibir dineros prohibidos en campaña. Los dineros son 300.000 pesos de dos maestras, según él mismo», trinó el senador Petro.
