Por: Luis Humberto Tovar Trujillo
En las últimas semanas, incluso días, el congreso de Colombia se ha debatido fuertemente frente a los intereses de la extrema izquierda radical, donde aparecieron todo tipo de presiones por parte de esa extrema, para hacer aprobar normas que nacían directamente del acuerdo mafioso con los terroristas de las FARC y otras como el tratado de Escazú.
Una de las esas normas de las que se salvó el ordenamiento jurídico colombiano fue la JEP Agraria o Proyecto de Ley Estatutaria Nro. 134 de 2020 Cámara – 395 de 2021 Senado, “por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”
Dios sigue mirando, como siempre, con sus buenos ojos a nuestro país. No nos deja de su mano bondadosa.
En el caso de la JEP agraria, esta iniciativa que pretendía entre otras cosas, crear todo un sistema de justicia, con modificaciones al CPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, al Código General del Proceso y a la Ley 270 de 1996, de administración de justicia, causando problemas de seguridad jurídica.
Para fortuna del campo colombiano, este proyecto se hundió por falta del último debate, donde de manera grosera la Senadora Angélica Lozano de los verdes, acudió a estrategias tan bajas como la de publicar conversaciones privadas entre ella y el ministro de Justicia, para poner en evidencia que el Gobierno Duque apoyaba ese proyecto.
El otro proyecto del que se salvó Colombia fue el que aprobaba el tratado de Escazú, un acuerdo que, disfrazado de proteger los derechos ambientales, perseguía a los productores del campo y dejaba a Colombia en manos de la Corte Internacional de Justicia, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si no tuviera suficiente Colombia con su sistema judicial.
El mayor riesgo de Escazú era la posibilidad de que ONG´s de Derechos Humanos internacionales, pudieran ser parte en los litigios internos.
Grandes mega obras como Hidroituango se hubieran visto comprometidas y en problemas para su puesta en marcha.
Con esto queda demostrado que tanto las FARC como sus amigos comunistas, están dispuestos a hacerse con el control de la política en Colombia, y cambiar normas a su acomodo para tomarse el poder en cuanto tengan la posibilidad.
Reconocer el liderazgo y la importancia de las denuncias hechas en todos los escenarios nacionales e internacionales de la Senadora del CD María Fernanda Cabal. En horabuena.
