Captura de Bernardo Arosio, accionista de Prodata Energy, por estar presuntamente envuelto en un escándalo de corrupción y red de prostitución, frenó el negocio. El empresario es cercano al exministro Tarek El Aissami.
Por: Hernán Galindo M
Foto: El Colombiano
Es tan grande el escándalo de corrupción que se destapó en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que ni siquiera el presidente Nicolás Maduro y su gobierno pudieron hacerse los de la vista gorda. Según la prensa internacional y académicos de ese país, la empresa tiene casi US$21.000 millones de cuentas por cobrar de barriles de petróleo que despachó y entregó entre 2019 y 2022 pero que siguen sin pagarse.
Esa cifra equivale a casi al 86% del total de crudo que vendió el país vecino durante esos tres años.
De esos US$21.000 millones, al menos US$3.000 millones serían irrecuperables pues se esfumaron en transacciones en criptomonedas que son imposibles de rastrear.
La policía de ese país ha capturado desde hace poco más de una semana a 19 funcionarios y ex funcionarios —la mayoría de ellos leales y cercanos al chavismo— que estarían involucrados en el negocio que comenzó entre finales del 2018 y comienzos del 2019, usando como excusa las sanciones financieras que en ese entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso a Venezuela después de que Maduro se reeligiera ilegítimamente en mayo del 2018.
Para ese entonces, Venezuela le vendía casi medio millón de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos, pero como por las sanciones ya no podía comercializar su petróleo con refinerías de ese país y de otros que se sumaron a las medidas, PDVSA empezó a negociar con intermediarios que, con el supuesto propósito de hacerle el quite a las sanciones, le compraban el crudo y lo revendían en el mercado internacional.
Además, hay graves denuncias sobre una figura que también se creó con la excusa de eludir las sanciones gringas que se llamó Petróleo por Compensación. Esta consistía en que PDVSA por medio de sus intermediarios vendía crudo a otros países y estos, en lugar de pagarle en los dólares correspondientes, enviaba a cambio ayuda humanitaria como alimentos, medicina o maquinaria.
Y a la fecha no se sabe a ciencia cierta cuánto crudo se vendió con este modelo ni si las ayudas humanitarias que llegaron sí eran equivalentes a lo que costaban los barriles.
Los intermediarios
Roberto Déniz es un periodista venezolano que trabaja para el portal armando.info que desde hace más de un año viene alertando sobre este entramado de corrupción. A pesar de tener que vivir en el exilio desde el 2018, Déniz no ha dejado de seguirle la pista a quienes están detrás de estas empresas intermediarias que se han quedado con la principal fuente de ingresos del Estado venezolano.
Sus investigaciones han confirmado que efectivamente se trata de aliados del chavismo que crearon estas empresas fantasmas —pues solo existen en el papel— y las registraron en lugares como Hong Kong, Emiratos Árabes, Turquía o Panamá justo antes de empezar a comercializar crudo venezolano.
Entre las cabezas más visibles de esos intermediarios de papel aparecen dos colombianos: Álex Saab, capturado en junio del 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero, y su socio Álvaro Pulido Vargas, prófugo en Venezuela y por quien la justicia norteamericana ofrece una recompensa de diez millones de dólares.
Mala hora del crudo venezolano
En Venezuela, donde se llegaron a producir más de tres millones de barriles diarios de petróleo, ahora con suerte se alcanzan los 800.000 (poco menos que la de Colombia que en febrero pasado fue de 759.900 barriles promedio día). Además, las más de 30 empresas petroleras transnacionales que hay actualmente en el país están de brazos cruzados esperando que el Estado les pague los miles de millones de dólares les deben.
Son varias las empresas que se han ido del país porque el gobierno no les cumple con su parte de inversión y las que quedan no se han ido porque están esperando que les paguen. En una situación así, dice él, es muy poco probable que nuevas empresas lleguen a invertir al país.
Esta situación, dice Quiroz, no está directamente relacionada con las sanciones gringas, sino que vienen desde hace varios años atrás: la producción petrolera en Venezuela viene en caída libre desde el 2005. Según él, uno de los más grandes problemas de la crisis petrolera de su país es que “han puesto a panaderos a hacer zapatos”.
Para la muestra, varios botones: Tarek El Aissami, exministro de Petróleos, es especialista en criminalística y Pedro Tellechea, presidente de PDVSA y su reemplazo en el ministerio, es un militar retirado.
Quiroz, además, desmiente un mito creado por Chávez de alcance casi universal: que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Según su estudio y sus investigaciones, la reserva venezolana es la novena del ranking, detrás de Arabia Saudita, Irak, Irán, Canadá, Rusia, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes.
Pero la versión que más ha ganado fuerza en los últimos días entre quienes cubren de cerca el ejecutivo venezolano —que allá también hace de legislativo y judicial— es que todo se trataría precisamente de un cambio en las dinámicas de poder en el gobierno de Maduro. De una vendetta, de una traición. Al parecer, el poder desbordante de El Aissami ya tenía nerviosos a miembros de la cúpula chavista como la vicepresidenta actual, Delcy Rodríguez y Jorge, su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, quienes salen victoriosos de esta fumigación que todavía no termina, pero cuyos efectos ya se sienten en Colombia.
Se cae el negocio
Como consecuencia de las investigaciones por el escándalo de corrupción al interior de PDVSA, un operativo de la policía anticorrupción del vecino país realizado en Caracas en días pasados arrojó como resultado la captura de un diputado y tres empresarios, entre ellos, Bernardo Arosio, uno de los socios de Prodata Energy, la empresa que sería la encargada de traer el gas natural desde el vecino país.
La detención del empresario echó por tierra el negocio que venían adelantando desde hace varias semanas con la empresa colombiana Integral Energy Plus para importar el combustible a Colombia.
Por esta razón, para evitar mayores dolores de cabeza, la administración de la compañía colombiana (con sede en Bogotá y dedicada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos) decidió no continuar con el proceso y, así, aprobaron en una asamblea extraordinaria la disolución y liquidación inmediata de la sociedad que tenían.
