Hablando del Objetivo de Desarrollo dos, Hambre Cero, quiero referirme a la investigación liderada por Lorena Patricia Mancilla López, Coordinadora de la Unidad de Análisis de Políticas Alimentarias y Nutricionales de la Universidad de Antioquia, en la que parte de la realidad de que 690 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones la padecerán en 2030.
El hambre es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO el mundo no va por buen camino para erradicarla y menos tras la pandemia de la Covid-19. En Colombia, la pobreza monetaria actual está en un 42.5 %, según el DANE, y esto implica menos acceso a la canasta familiar. En Colombia el 54.2 % de los hogares presenta inseguridad alimentaria; el 1.7 millones de hogares colombianos consumen solo dos comidas al día por cuenta de este impacto económico.
Según la FAO, “el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de alimentos, y se vuelve un problema crónico cuando no se consume la cantidad suficiente de calorías -energía- para llevar una vida sana y activa; va ligada a la inseguridad alimentaria, que consiste en la falta de garantías que tiene la población para acceder a la comida, ya sea porque no está disponible o no se tienen los recursos para comprarla”. La forma en la que la mayoría de las personas acceden a los alimentos es por la compra. El poder adquisitivo es determinante en la seguridad alimentaria. Además, en este país, gran parte de la población económicamente activa se dedica al rebusque y con la pandemia esta situación recrudeció»,
La profesora Mancilla López cuestiona porqué del hambre en el país permanece, a pesar de la existencia de políticas y programas gubernamentales y por qué, estas no han reducido considerablemente la problemática. Analizó cualitativamente algunos programas de orden nacional, departamental y local que estiman transferencias económicas a las madres de menores de seis años o realizan encuentros educativos grupales de nutrición, asesorías familiares, valoración antropométrica y entrega de paquetes alimentarios a los niños.
El equipo investigador llegó a la conclusión de estos programas públicos de alimentación y nutrición han sido concebidos y gestionados bajo una lógica de mercado, esto se evidencia en el esquema de la subcontratación a terceros, especialmente empresas privadas y personas naturales, quienes implementan estas políticas con el propósito de lograr la rentabilidad financiera.
Otro aspecto, relacionado estrechamente con esta búsqueda por la rentabilidad, es la tercerización en todas las fases de los Programas nutricionales del país. En esta contratación de operadores privados, el Estado, de acuerdo con Mancilla López, ha perdido terreno en la implementación de las políticas, en la medida en que su función se vuelca a la fiscalización y supervisión de los contratistas “sin la posibilidad de abordar la política de forma más integral, de repensar los procesos y de atender las necesidades de la población objeto”. Igual sucede con el Programa de Alimentación Escolar PAE, aunque este apunta a proporcionar un refuerzo alimentario para asegurar la permanencia estudiantil.
Existen otras causas de la agudización del hambre en el país; Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia -Abaco-, conformada por 22 bancos especializados en la lucha contra el hambre, indicó que hay problemas en todos los eslabones de la cadena de abastecimiento de alimentos: cada año en Colombia se bota a la basura el 34 % de los alimentos que se producen; el 40 % de estos se pierde desde la producción agropecuaria, el 23 % en la postcosecha, el 21 % en la distribución y el 16 % en los hogares colombianos. Buitrago señala que “con estos porcentajes podríamos darle de comer a ocho millones de colombianos, tres veces al día durante todo el año”. Explicó que esa pérdida se debe a que en Colombia no existen planes de abastecimiento de alimentos en los que se conozca la demanda y oferta de productos por región, sino que los agricultores cultivan lo que creen y lo que saben cultivar: “a veces cultivan más de lo que necesita la población o se cultivan tantos alimentos que los precios bajan, por lo que es más económico no cosechar”,
Buitrago desde su campo de trabajo e investigación, señala que el abastecimiento interno depende también del desarrollo rural, del acceso a la tierra y la promoción de una agricultura familiar y comunitaria. “Las políticas de desarrollo rural y agrario han estado centradas en ayudar al terrateniente casi siempre; a las explotaciones agrícolas de gran escala, como los monocultivos destinados a la exportación, y no el campo como una estrategia para producir los alimentos que requiere la población interna
Existe la Resolución 464 de 2017 del Minagricultura para el fomento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, pero aún no se implementa. De hacerse, “significaría una revolución para enfrentar el hambre y llevaría a que el rezago histórico y social al que tenemos sometidos a nuestra población rural, se comience a solucionar. Dignificaría su trabajo y mejoraría sus condiciones de vida”. Aprovechar estos “excedentes agrícolas”, hacer una mejor redistribución de los alimentos, políticas públicas ejecutadas de forma integral, un desarrollo rural más amplio ligado a la reforma rural integral pactada en los acuerdos de paz con las Farc, son retos que van más allá de la oferta de alimentos y que hacen parte de posibles soluciones a un problema crónico que la mayoría de los habitantes de Colombia desconocen, pero que para siete millones de personas es el “pan de cada día”.
