Por: Jaime Felipe Lozada
Siempre, y desde tiempos inmemoriales, las sociedades han tenido debates profundos y álgidos sobre diferentes temas que han contribuido a construir -casi siempre para bien- las normas que las rigen o han determinado su forma de conducta.
Los griegos, por ejemplo, sostenían en el Ágora acalorados debates sobre la moralidad y sus implicaciones y consecuencias en el ser y, por consiguiente, en la sociedad. También mantenían largas jornadas de análisis sobre qué represalias tomar contra las ciudades-estado que intentaban sacudirse de la hegemonía ateniense, como sucedió en el debate mitileneo en el año 427 a.C. durante la Guerra del Peloponeso. Por su parte, los romanos, especialmente a partir de Augusto (primer emperador), discutían de manera particularmente cruda sobre la expansión del imperio. En estos debates, aquellos que, según el emperador, no tenían la razón o eran derrotados en el seno del congreso, podían terminar decapitados o exiliados. Si nos remitimos a sociedades más modernas, los debates giran en torno a temas como la conveniencia o no de que sea el Estado el único determinador del crecimiento económico y de la distribución de la riqueza. En fin, son debates que, sin lugar a dudas, a lo largo de los años han enriquecido y permitido el desarrollo de las naciones y la formación de las sociedades
Ante la creciente inseguridad urbana y rural que vive el país, considero relevante que debatamos como sociedad sobre la conveniencia o no de reglamentar el porte legal de armas, derogar el Decreto 2362 de 2018, y que de esa manera, después de rigurosos exámenes psicotécnicos, de verificar la ausencia de antecedentes penales o judiciales, y de cumplir con los demás requisitos exigidos por la ley, los ciudadanos con permisos vigentes de tenencia puedan desempolvar el arma que tienen guardada en el último cajón de su mesita de noche y sacarla de su lugar de residencia. Esto permitiría que, de ser necesario, pudieran hacer frente a las bandas delincuenciales que, armadas hasta los dientes, tienen en jaque y atemorizada a la ciudadanía. Creo no equivocarme al afirmar que cientos de neivanos y huilenses, ante la inoperancia de la Policía Metropolitana, se sentirían más seguros portando su arma y así, de ser necesario, poder defender su vida, su libertad, sus bienes y a sus familias.
La inseguridad en Neiva es alarmante. La economía local está desacelerada porque los sectores productivos sienten temor de desarrollar sus actividades económicas y por ende se les está imposibilitando generar empleo. Cuando entendamos que la seguridad debe ser vista como un derecho humano, que no depende exclusivamente de las autoridades, y que a los bandidos no se les romantiza, sino que se les combate, tal vez empecemos a mejorar nuestros índices de inseguridad, y podamos por fin vivir en tranquilidad.
