Alvaro Hernando Cardona González
Se llaman “bodegas” los grupos de personas que se ponen de acuerdo para propagar mentiras o torcer verdades en redes sociales. Y lastimosamente en la pasada campaña a la Presidencia de la República demostraron cuánto daño hacen a la democracia.
Ahora están fuertes trabajando en Facebook, tal vez porque se dieron cuenta que pueden hacer más daño allí que por X (antigua Twitter). Y una de las “campañas” en las que están, es diciendo que se están entregando titulaciones de tierras a más personas que nunca. Eso no es cierto, no se adjudican muchas tierras, lo que sí lo es y es plausible, es que se están legalizando a más titulares de propiedad o posesión.
Hay que hacer claridad. Cierto que cuando empezó la llamada “reforma agraria” se contempló, y en muy buena hora, que era necesario legalizar los derechos de dominio o propiedad, de aquellas personas que habían adquirido predios rurales, pero no habían hecho los títulos y registros apoyados en diversas razones. La principal, para evadir impuestos y especialmente la ganancia ocasional que, en vez de transparentarla, la última reforma tributaria la elevó, claro, agravando el problema.
No se están adjudicando tierras en las cantidades que se esperan. Es dificilísimo porque las tierras baldías adjudicables son escasas y no se han inventariado. En cambio, sí se está titulando o “formalizando” los títulos a quienes tienen, aprovechan y son los legítimos dueños de predios rurales.
Y este programa, que adelanta, insistimos, en buena hora la ANT con apoyo del Programa Nuestra Tierra Próspera, financiado por USAID (línea de acción de los Estados Unidos en Colombia que propende por el desarrollo lícito rural) y otras veces con apoyo de los departamentos como ocurre en el Huila, debe ser revisado con urgencia. Desde hace mucho, el Estado está empleando ingentes recursos para legalizar o “formalizar” los títulos a los dueños de predios rurales, pero eso es un esfuerzo de no acabar ya que nuevamente cuando hay muerte de los propietarios o ventas, estas reparticiones o entregas, se hacen sin escritura y registro. Llegó la hora de sincerar estos fenómenos y poner tatequieto a estas prácticas que hacen daño a la seguridad jurídica, ingresos fiscales y seguridad agropecuaria nacional. Y es hora de dejar de mentir y mejor estimular a los legisladores y a los gobiernos, para que tengan valor institucional y apartados de todo lo que impida hacer el bien, evite el mal que se está causando al campo desde hace casi un siglo.
Como dijo George Santayana: “aquellos que no pueden recordar su pasado, están condenados a repetirlo”. Deberíamos gravar más la ilegalidad que la propiedad.
