La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta humanitaria sobre las posibles consecuencias que tendría para la seguridad alimentaria del país los bloqueos que persisten en los principales corredores viales.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió sobre las dificultades para la movilización de alimentos en 29 de los 32 departamentos del país con afectación directa en 300 municipios y parálisis en el despacho de todo el espectro de productos agrícolas.

En su alerta humanitaria, la Defensoría señala que los sectores con mayor impacto han sido frutas y hortalizas, café, caña de azúcar, lácteos, aguacate hass, avicultura, piscicultura y porcicultura.

Las cadenas productivas campesinas al borde de la quiebra son 350 mil familias papeleras, 450 mil familias cafeteras, 52 mil familias cacaoteras, 29 mil familias paperas y 651 mil empleos directos en piscicultura, porcicultura y avicultura.

Los departamentos más afectados son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Santander, Tolima, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Magdalena, Guajira, Córdoba, Norte de Santander y Caldas.

Camargo Assis asegura que “los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica. Violan los derechos ciudadanos y están encaminados a generar en Colombia, una hambruna artificial entre la población”.

En total 5.500 toneladas de frutas y hortalizas están en riesgo de perderse, afectando a 171 cooperativas de pequeños y medianos productores.

Además, 2.210 toneladas de panela represada han generado pérdidas por $8.275 millones. Y 350 mil hectáreas de arroz se encuentran en riesgo de perderse por falta de combustible, fertilizantes y herbicidas. Esto equivale a 1.2 millones de toneladas de arroz blanco, la mitad ubicada en los Llanos Orientales, grano considerado la base de la alimentación de la dieta de los colombianos.

Se busca habilitar la vía férrea La Dorada-Santa Marta para encontrar salida a las 83 tractomulas diarias de carga de café -un 70% de la producción nacional- que se exportaba por Buenaventura, puerto que se encuentra bloqueado.

Según Fedeacua, 3.214 toneladas de pescado están en riesgo de perderse, poniendo en riesgo 200 mil empleos directos de pescadores y criaderos artesanales de todo el país. La Gobernación de Boyacá anunció la pérdida de 85 toneladas de trucha.

El sector avícola informó que 120 millones de aves están en riesgo inminente por falta de alimento, a la vez que 20 mil toneladas de carne de pollo y 180 millones de huevos están a punto de perderse.

El sector lechero anunció la pérdida de 4.6 millones de litros de leche diarios a nivel nacional, el equivalente a casi 2 piscinas olímpicas por día.

Tan solo en Nariño, más de 1.026 toneladas de papa se encuentran represadas, y en norte de Santander, 30 toneladas de cacao.

Por otro lado hay 449 mil toneladas de caña afectadas en todo el país, impactando la producción de 39 mil toneladas de azúcar y 1.7 mil litros de etanol.

Raciones escolares

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación formuló un llamado al Comité Nacional del Paro para abrir paso y permitir la entrega de las raciones del PAE a más de un millón de estudiantes beneficiarios.

La solicitud del Ministerio Público surge tras conocer el último informe de la Unidad de Alimentos para Aprender, (UApA), que señala que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación han reportado dificultades en recibir y entregar el complemento alimentario del PAE a 1.681.635 niños, niñas y jóvenes del país.

El documento advierte que en algunos casos se ha suspendido el suministro de los paquetes de raciones por desabastecimiento o por no contar con garantías para la entrega, como consecuencia de los bloqueos viales y la afectación del orden público.

Mientras tanto la Mesa Nacional de Monitoreo, que integran la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República, reiteraron el llamado a permitir el paso de los tractocamiones con alimentos para las diferentes ciudades del país.

En un comunicado conjunto advierten que los bloqueos u obstrucción a la vía pública “no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población”.

En ese sentido señalan que los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana” y les piden a todos los niveles de la administración pública que actúen en la aplicación de la Constitución y la ley para proteger los derechos de toda la nación.