A través del decreto 2016 de 2023, el presidente, Gustavo Petro, reavivó figura de los mataderos municipales para la producción cárnica. Por medio del acto legislativo se crea la figura de plantas de beneficio animal categoría autoconsumo, y se establecen las condiciones para su autorización y funcionamiento.
Diario del Huila, Panorama
En una sorpresiva movida, el gobierno colombiano expidió el Decreto 2016 de 2023, el cual marca un hito al revivir los mataderos municipales que yacían en desuso. Sin embargo, esta decisión no ha sido recibida con beneplácito en el gremio ganadero, ya que diversas cláusulas del decreto generan inquietud debido a su potencial impacto en la salud pública y en la reputación de la carne colombiana en los mercados internacionales.
Una de las principales preocupaciones recae en la relajación de los requisitos de inocuidad. Anteriormente obligatorio, el sistema HACCP (Control de Puntos Críticos) ahora se vuelve voluntario, lo que constituye un golpe significativo para la salud pública. Expertos señalan que este cambio podría comprometer la calidad de la carne y la seguridad alimentaria.
Además, el decreto autoriza el transporte en un mismo vehículo de «alimentos con diferente riesgo para la salud pública». Esta disposición abre la puerta a la contaminación cruzada, planteando desafíos considerables para las entidades de salud encargadas de la inspección y control. La capacidad operativa actual del Invima para llevar a cabo estas inspecciones se cuestiona, lo que aumenta el riesgo de corrupción.
Otro aspecto polémico del decreto es la posibilidad de realizar la destrucción de carne decomisada en las propias plantas de beneficio. Esto, según críticos, representa un retroceso en materia de salud pública, ya que la carne inapropiada para el consumo humano podría contaminar las instalaciones y comprometer la integridad sanitaria de otras carnes procesadas en el mismo lugar.
Adicionalmente, el decreto flexibiliza las condiciones de refrigeración de las plantas autorizadas por el Invima, otorgándoles un plazo de 12 meses para la implementación total del sistema de refrigeración de despacho. Sin embargo, la carne procesada solo puede ser despachada al municipio que alberga la planta autorizada, lo que implicará un aumento en los controles gubernamentales para evitar envíos a otras zonas del país. Esta medida, aunque busca preservar la calidad, también abre la puerta a posibles irregularidades y a la llegada de carne no refrigerada a los consumidores.
¿Qué dice el gremio ganadero?
Luceny Muñoz, directora ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila, expresa su preocupación ante esta nueva medida. A pesar de que el Decreto 1500 buscó organizar las plantas de beneficio a nivel nacional, el reciente cambio de rumbo del gobierno genera incertidumbre en el gremio ganadero.
La idea de revivir mataderos municipales, particularmente aquellos de autoconsumo, parece inviable para Muñoz. Según ella, estos mataderos llevan años abandonados, requiriendo inversiones sustanciales y sin garantía de inocuidad en la producción.
“En el caso específico del Huila, contamos con tres plantas regionales y aquellas de autoconsumo que, cumpliendo con la reglamentación del Invima, pueden operar dentro del mismo municipio. El presidente Gustavo Petro ha resaltado la importancia de revitalizar estas últimas, pero como gremio ganadero, consideramos que no es una perspectiva viable. Estos mataderos llevan mucho tiempo en desuso, requerirían inversiones económicas significativas, y no se podría garantizar la inocuidad del producto. En el corto o mediano plazo, no vislumbramos la posibilidad de reactivar estas plantas”.
El departamento del Huila, que actualmente cuenta con entre 7 u 8 plantas de sacrificio animal autorizadas por el Invima, enfrenta el desafío adicional del encarecimiento de la carne. La disminución en el pago al productor primario, derivada de la sobreoferta de ganado causada por el fenómeno del niño, amenaza con afectar tanto a los productores como a los consumidores finales. La cadena de valor presenta una brecha que se traduce en precios elevados para los consumidores, incluso cuando los productores reciben menos por su ganado.
“Creemos que el enfoque debe seguir siendo fortalecer las plantas regionales y las de autoconsumo, alineando estas últimas con las regulaciones del Invima, siempre que los municipios puedan acceder a recursos para su adecuación sanitaria. Solo así podrán reactivarse, ya que las que llevan mucho tiempo abandonadas y ni siquiera cuentan con ubicación por Plan de Ordenamiento Territorial (POT) representan un desafío insuperable”
En el Huila, muchos municipios tienen sus mataderos dentro de los cascos urbanos, y sigue siendo así. No resultaría sencillo, ya que los municipios tendrían que empezar desde cero, y establecer una planta con los requisitos sanitarios requeridos por la norma resulta considerablemente costoso.
En palabras de Luceny Muñoz, «La verdad es que esta medida parece quedarse más en el discurso que en la realidad de llevarse a cabo». En la actualidad, el departamento del Huila cuenta con entre 7 u 8 plantas de sacrificio animal autorizadas por el Invima, ubicadas en Pitalito, San José de Isnos, Garzón, Rivera, Palermo y Algeciras, las cuales están habilitadas parcialmente por la entidad sanitaria. Las plantas regionales son Pitalito, Garzón y Ceagrodex.
En el ámbito de la comercialización y el expendio, la variación de precios no refleja la situación del productor, un fenómeno que está siendo analizado a nivel nacional. Este aspecto agrega una capa de complejidad a la ya complicada situación que enfrenta el sector ganadero en el Huila.
Sin duda, el Decreto 2016 plantea serias interrogantes sobre la viabilidad y seguridad de los mataderos municipales revitalizados. Además, su impacto potencial en los mercados internacionales de carne colombiana, especialmente en un momento en que se ha abierto el mercado de China, mantiene en vilo al gremio ganadero y a los expertos en salud pública. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades, quienes deberán abordar estas preocupaciones y garantizar que las medidas implementadas no comprometan la calidad y seguridad de la carne colombiana.
