La anterior semana se aprobó en primer debate el texto del informe de ponencia de la Reforma Tributaria que incluye los impuestos saludables a las “bebidas ultra procesadas azucaradas” y los “alimentos ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos”, una medida que aumentaría gradualmente hasta un 20% el precio de venta de los alimentos producidos o importados que son denominados “ultraprocesados”, comenzando con un 10% en 2023 y llegando al 20% durante 2025.
Lo anterior, implica el traslado de costos adicionales para el consumidor final que busca abastecerse de alimentos para el hogar, y que ha tenido que enfrentar la situación inflacionaria, la cual durante septiembre presentó una variación anual del 11,3% jalonada, según el Dane, en el noveno mes del año los alimentos registraron una variación anual de 26,62%, la de mayor de todas.
Este impuesto -que aumentará significativamente el precio de categorías como chocolate de mesa, galletas (dulces y saladas); algunos derivados lácteos (cuajada, bebidas lácteas, helados); chorizos, hamburguesas y trozos de pollo; snacks, salsas (tomate, mayonesa, mostaza, etc.); dulces; tortas, ponqués, panes tajados y tostadas; purés, compotas, mermeladas, algunos condimentos; café soluble y muchos otros alimentos más- considera que el sobrepeso y la obesidad tienen como causa principal el consumo de alimentos industrializados. Si bien su implementación pretende desincentivar su adquisición, en ningún país donde se han implementado este tipo de impuesto se ha logrado disminuir los indicadores en obesidad o enfermedades no transmisibles.
En consecuencia, aunque cada país cuenta con unos retos en términos de salud pública, este impuesto no responde efectivamente a las necesidades de los consumidores, puesto que no se incentiva el cambio hacia estilos de vida saludables. Por el contrario, esta medida va en contra de las clases menos favorecidas, al contemplar una política fiscal que afecta la cadena productiva e impacta la productividad del país. Esta situación resulta contraria a las prioridades del nuevo gobierno frente a la promoción de la equidad y la seguridad alimentaria.
Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, dijo que, “Como industria de alimentos consideramos que esta medida afecta profundamente al consumidor, dado que este tendrá que pagar por sus alimentos un valor mucho más alto con afectación directa sobre su economía; también afecta a los tenderos cuya mayor parte de los ingresos viene de la venta de productos gravados con este impuesto; y también perjudica a los productores agrícolas, especialmente campesinos que producen las materias primas. Para todos ellos, los impuestos saludables suponen un impacto económico monumental”.
Presuntamente, el efecto de la Reforma Tributaria, como está planteada actualmente, también repercute en el comercio, particularmente en las tiendas de barrio, de allí la alerta y manifestaciones de protesta de muchos de sus propietarios. Estos establecimientos generan cerca de 1,8 millones de empleos, según Fenalco, el 90% de las tiendas en Colombia, que son 450 mil, están en estratos 1, 2, 3 y 4 y, en estas, el 70% de los productos que venden son los que van a ser impactados. Se pone en riesgo la viabilidad de estos comercios y podrían desaparecer cerca de 250 mil tiendas. Así mismo se generaría una gran afectación en los restaurantes del país que usan estos alimentos como materias primas.
