De acuerdo con un informe recientemente publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia, en el país, existen 101.622 personas privadas de la libertad en los diferentes sitios de reclusión, de los cuales 77.565 están condenados, 23.733 son sindicados y 324 en actualización. Existe un 24,3% de hacinamiento. Colombia cuenta con un cupo carcelario de 81.740. Se ha convertido en un problema mayúsculo para las autoridades nacionales, regionales y locales, por las deficientes condiciones de salubridad, que se convierten en sitios no aptos humanamente para tenerlos detenidos en esas condiciones deplorables para cualquier ser humano. A medida que se aumentan las transgresiones a la normatividad penal en el país, se siguen incrementando el número de presos en algunas regiones del territorio colombiano. Este desbordamiento en las cárceles ha obligado a las autoridades carcelarias a la utilización de los centros transitorios de reclusión en las estaciones de policía o en centros improvisados establecidos por las administraciones municipales. Esta situación se ha convertido en un caos, por el hacimiento que están provocando con sus secuelas sanitarias, adecuaciones locativas deficientes y la falta de seguridad por el alto riesgo de fugas que frecuentemente se generan.
En nuestro departamento, la situación de hacinamiento es preocupante. La Procuraduría General de la República, ha solicitado a la Gobernación del Huila y a los alcaldes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plataque presenten un informe detallado sobre las acciones previstas en sus planes de desarrollo para enfrentar el problema del hacinamiento en las estaciones de Policía y centros de detención transitoria. El ente disciplinario, les ha exigido a las autoridades que relacionen los recursos destinados para mejorar o reestructurar las instalaciones donde se encuentran las personas privadas de la libertad. Es importante notar, que esta obligación es competencia del gobierno nacional.
Lo que pasa es que aquí hay problemas que se van enquistando en las administraciones y en la sociedad y parecen insolubles. Claro que quien delinque debe pagar, y la justicia tiene que ser severa. Pero sin que haya impunidad, debe haber algo de dignidad, pues la pérdida de libertad no significa la pérdida de derechos esenciales. Neiva y las principales ciudades del país, no han logrado cumplir la orden de la Corte Constitucional, de hace un par de años, a los gobiernos nacional y local y al Inpec, para buscarle soluciones a esta crisis con pinta de tragedia, comenzando porque estos son lugares de paso, no penitenciarías. Se necesita, de una vez por todas, buscar soluciones urgentes y reales. Con un sistema carcelario que registra un hacinamiento en el departamento del Huila es alarmante. El gobierno nacional tiene hoy el desafío urgente de evitar que los centros penitenciarios sean escenario de una verdadera catástrofe. Deben apoyar a los entes territoriales para solucionar esta problemática que cada vez, es más profunda para las regiones.
