El reciente Informe presentado por el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, arroja un preocupante balance sobre las obligaciones pendientes del Estado colombiano en la construcción de una paz duradera.
A pesar de los compromisos adquiridos, los avances en diversas áreas cruciales aún dejan mucho que desear, reflejando la necesidad de fortalecer la estructura institucional y garantizar la seguridad en los territorios.
Falta de avances en la implementación
El informe destaca la urgente necesidad de robustecer la arquitectura institucional encargada de liderar la implementación del Acuerdo de Paz. Balanta Mina subrayó que es imprescindible contar con una entidad autónoma que emita directrices claras y políticas públicas efectivas. Además, es crucial mantener actualizado el estado de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) y registrar periódicamente la información presupuestal en el trazador previsto por el Plan Nacional de Desarrollo.
Un área que sigue siendo un desafío es la de tierras, donde persisten graves problemas de claridad en las cifras y una disparidad en la información reportada. De los 21.132 predios ingresados, apenas el 37,84% ha sido adjudicado. Asimismo, de más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), solo se han adquirido 26, lo que refleja un preocupante estancamiento.
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En cuanto a la restitución de tierras, la ruta étnica no muestra avances significativos, y en la ruta individual, 2.730 solicitudes aún no han sido demandadas, mientras que 16.995 solicitudes siguen pendientes de microfocalización, un problema que afecta principalmente a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023 para agilizar el proceso.
Al 1 de enero de 2024, solo el 12,40% del área geográfica del país contaba con información actualizada mediante catastro multipropósito, y el avance real entre 2022 y 2024 es apenas del 3%. Igualmente, el Plan de Zonificación muestra un avance del 6,35%, siendo el más bajo entre los 15 planes evaluados.
Escasa implementación de los PDET
El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una pieza clave del Acuerdo de Paz, muestra un avance limitado del 1% durante el periodo analizado hasta el 31 de abril de 2024, alcanzando un 44% de las 33.007 iniciativas pactadas, un incremento mínimo respecto al informe anterior.
Persistencia de la violencia en los territorios
La violencia en las zonas rurales sigue siendo una grave preocupación para la Defensoría del Pueblo. Entre enero y abril de 2024, se registraron 57 homicidios de lideresas, líderes y defensores de derechos humanos, lo que subraya la falta de seguridad en estos territorios. Balanta Mina advirtió que sin seguridad, la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras y el retorno de la población desplazada son imposibles de realizar.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de seguridad territorial para que los campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros colombianos puedan explotar la tierra entregada o desarrollar proyectos productivos lícitos. Las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría destacan cómo los grupos armados no estatales están tomando el control de las zonas rurales.
El informe también enfatiza la importancia de una articulación efectiva entre las instituciones encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz. La Defensoría hace un llamado para que las entidades gubernamentales trabajen conjuntamente, no solo en la entrega de tierras, sino también en la formalización de la propiedad, la aplicación de sentencias judiciales y el respeto a los derechos adquiridos de buena fe.
Además, el uso de recursos públicos debe alinearse con este trabajo articulado. Los programas que buscan fortalecer las economías lícitas deben estar sustentados en políticas públicas sostenibles, y no en medidas coyunturales o asistencialistas.
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