El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Julián López, señaló que se plantean condenas de hasta 50 años.
En un esfuerzo por combatir el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, el representante a la Cámara del Partido de la U por el Valle del Cauca, Julián López, presentó un proyecto de ley que busca imponer penas más severas para quienes cometan este delito. La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 125 congresistas, plantea condenas que oscilan entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, hasta 50 años de cárcel.
Durante una entrevista, el congresista López explicó que la iniciativa pretende proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas en Colombia, quienes han sido víctimas recurrentes del reclutamiento forzado. “Entre 1996 y 2016, han sido reclutados más de 18.000 menores de edad, y eso es solo lo que tenemos registrado; el subregistro puede ser dos o tres veces mayor”, advirtió.
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Delito imprescriptible
El proyecto de ley también propone la imprescriptibilidad del delito de reclutamiento de menores, lo que significa que los casos podrán ser investigados y juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron. Esta medida busca garantizar que los responsables de estos crímenes no evadan la justicia con el paso del tiempo.
López, quien es ponente del proyecto junto al alcalde de Cali, Alejandro Éder, señaló que la propuesta incluye modificaciones a tres artículos clave del Código Penal: los artículos 83, 162 y 188. Estos artículos actualmente regulan las penas relacionadas con el reclutamiento de menores, el reclutamiento ilícito y los homicidios de personas protegidas. Con las modificaciones propuestas, se busca aumentar las penas y establecer un marco legal más riguroso que desincentive a los criminales y grupos armados a continuar con esta práctica.
“Con este proyecto se desincentiva que esos criminales y terroristas cometan este delito (…) eso tiene un costo también social muy profundo, estamos perdiendo a nuestros menores en esa selva”, subrayó López.
Futuro arrebatado
El representante enfatizó que la gravedad de este crimen no solo radica en el daño físico y psicológico que sufren los menores reclutados, sino también en las implicaciones sociales que conlleva. “Estamos hablando de una generación que está siendo arrebatada de su futuro, forzada a cometer actos ilícitos en nombre de una causa que no les pertenece. Eso tiene un impacto devastador en la sociedad colombiana”, concluyó.
La propuesta legislativa ha generado un amplio debate en el Congreso, con un fuerte respaldo de diversas bancadas, y se espera que sea discutida en las próximas sesiones plenarias. Si se aprueba, marcará un cambio significativo en la lucha contra el reclutamiento de menores y reforzará el compromiso del Estado colombiano con la protección de sus niños y niñas.
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