El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar sus declaraciones contra Enrique Vargas Lleras, tras acusarlo de participar en el ocultamiento de deudas en la Nueva EPS. La sentencia subraya que el mandatario vulneró los derechos al buen nombre y honra del exmiembro de la junta directiva.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El Consejo de Estado emitió un contundente fallo en contra del presidente Gustavo Petro, ordenándole rectificar una serie de declaraciones realizadas contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en el marco de la crisis generada por la reforma a la salud. Enrique Vargas acudió a la justicia luego de que el presidente hiciera graves acusaciones sobre su familia, lo que desembocó en esta sentencia.
El Consejo de Estado dictaminó que Petro, en sus intervenciones del 28 de mayo, 31 de mayo, 4 y 6 de junio de 2024, excedió su facultad de información y vulneró los derechos al buen nombre y honra de Enrique Vargas. Este fallo obliga al presidente a retractarse públicamente en un plazo de cinco días. El exvicepresidente Vargas Lleras compartió la decisión en redes sociales, destacando que la justicia había fallado a favor de su familia. “El Consejo de Estado ordenó al presidente @petrogustavo retractarse sobre sus falsas declaraciones sobre mi familia en relación con los recursos de la salud», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Las acusaciones de Petro
El origen del conflicto se remonta a los señalamientos del presidente Petro, quien acusó a la familia Vargas Lleras de estar involucrada en el desfalco de la Nueva EPS, una de las empresas de salud más grandes del país. En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que la compañía, “manejada por la familia Vargas Lleras, ocultó 5.5 billones en deudas mientras realizaba gastos billonarios innecesarios”. Enrique Vargas, quien fue parte de la junta directiva de la Nueva EPS, decidió llevar el caso a los tribunales.
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Vargas expresó su indignación frente a las acusaciones, negando cualquier implicación en el supuesto ocultamiento de recursos y aclarando que su papel en la Nueva EPS era únicamente como miembro de la junta, en representación de la Caja de Compensación Familiar Cafam. Asimismo, subrayó que las acusaciones eran infundadas y que nunca se realizaron gastos ilegales ni se ocultaron deudas durante su permanencia en dicha entidad.
La decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, tras analizar las declaraciones de Petro, concluyó que el presidente no actuó con la imparcialidad y veracidad exigidas a un funcionario público de su rango. En su fallo, la corte señaló que Petro no presentó evidencias que sustentaran sus afirmaciones ni demostró haber verificado los hechos de manera diligente. Además, subrayó que el mandatario no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político, sino que presentó sus declaraciones como hechos ciertos.
La decisión del Consejo de Estado fue clara: los altos funcionarios públicos, como el presidente, tienen un «poder-deber» de comunicación con la población, pero este debe estar siempre sustentado en la veracidad de la información. El tribunal recordó una sentencia de la Corte Constitucional que establece que la libertad de expresión de los mandatarios no es absoluta y debe ser ejercida con responsabilidad.
¿Qué sigue para Petro?
Con este fallo, el presidente Petro deberá rectificar públicamente sus declaraciones en un plazo de cinco días. Este hecho marca un precedente importante en cuanto a la responsabilidad que tienen los altos funcionarios en sus comunicaciones públicas. Además, subraya la importancia de que las acusaciones provenientes de la máxima figura del poder ejecutivo estén sustentadas en hechos verificables y no en suposiciones.
Este caso es un recordatorio del poder que tienen las palabras de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado, y la necesidad de que estas estén fundamentadas para no vulnerar derechos fundamentales como el buen nombre y la honra de las personas.
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