El Presidente Gustavo Petro sancionó una ley que beneficiará a más de 5.000 madres cabeza de familia condenadas por delitos de hurto y tráfico de estupefacientes con penas inferiores a 8 años de prisión.
Estas mujeres podrán sustituir la pena con servicios de utilidad pública no remunerados en actividades educativas, restauración ambiental, recuperación del espacio público, apoyo al transporte masivo y ayuda a poblaciones vulnerables, entre otros.
La norma permitirá que las madres cabeza de familia puedan trabajar para suplir las necesidades de sus hijos, estudiar y desplazarse sin restricciones mientras están cobijadas por la medida. Para conmutar la pena, las mujeres deberán prestar los mencionados servicios de utilidad pública con una intensidad mínima de 5 horas semanales y máximo 20 horas semanales.
La Ley busca evitar que los hijos de estas mujeres crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales. Asimismo, con medidas alternativas a la prisión como la que brinda esta norma, el Gobierno Nacional considera que se contribuye a reconstruir el tejido social y favorece la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en estado de marginalidad. Además, favorecen la reducción de la reincidencia y evitan el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación.
La implementación de la ley no será automática, sino que debe reglamentarse por el Ministerio de Justicia, en un plazo no mayor a seis meses. El Ministerio ya está trabajando en la reglamentación de la Ley para que las mujeres que cumplan los requisitos puedan acceder lo más pronto posible a esta medida alternativa. En los próximos días se realizará una socialización a jueces de conocimiento y de ejecución de penas y medidas de seguridad sobre la Ley para fortalecer el proceso de implementación de esta nueva medida sustitutiva.
