Los miembros de las Juntas de Acción Comunal, pueden ser investigados por el delito de constreñimiento ilegal. Ya hay varios casos denunciados y las autoridades judiciales, analizan este tipo de situaciones, con el fin de corroborar la situación mencionada, indicó un vocero del Gaula Militar.“Presidentes de (JAC), podrían ser investigados por constreñimiento ilegal”.
Los primeros indagados por estos hechos, son del centro poblado de Zuluaga y los municipios de Baraya, Tello y Algeciras.
La denuncia realizada
Ante este tipo de situación, el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, señaló: “los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), se pueden ver involucrados en procesos penales, porque estarían ayudando en la citación de la población civil y la ‘carnetización’ realizada a la comunidad. Puede ser investigados por el delito de constreñimiento ilegal”.
“Las Disidencias, estarían obligando a los miembros de las juntas para que citen a la comunidad, quiero hacer público que se pueden ver involucrados en el ilícito de constreñimiento ilegal, es importante que no se presten para realizar este tipo de acciones”, agregó el castrense.
Según el artículo 182 del Código Penal que castiga este tipo de delito: “el que, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses”.
Las poblaciones afectadas por esta problemática son la zona rural de Neiva, Tello, Baraya y Algeciras.
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La ‘carnetización’
En cuanto a este proceso, se ha denunciado, que los disidentes han obligado a la población a comprar un carnet, que lleva el nombre de Asojuntas, el nombre del usuario, foto de la persona y número de cédula.
Según se pudo conocer, este proceso se ha hecho para identificar a las comunidades residentes en las distintas poblaciones y estos a su vez deben portar el documento con el fin de no recibir sanciones, en caso de ser requeridos por los grupos armados que hacen presencia en estos territorios.
“Persiste la obligatoriedad de afiliación a las Juntas de Acción Comunal (JAC), la participación en actividades comunitarias y la carnetización de la población. Esta última es corroborada por los GAI en puestos de control para identificar y limitar a quien transita por el área rural. Bajo esta misma lógica, es frecuente que, a personas foráneas, instituciones del Estado, organizaciones internacionales y no gubernamentales que pretenden ingresar a algunos territorios se les requiera tramitar una autorización o permiso del GAI, indicando en ocasiones el nombre, placa del medio de transporte y número de ocupantes”, indica el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos.
Las Disidencias y control social
Los distintos grupos pos FARC-EP11 continúan aglutinándose alrededor de dos macroestructuras denominadas Estado Mayor Central12 FARC-EP, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la Segunda Marquetalia FARC-EP, comandada por alias “Iván Márquez”. Geográficamente, la influencia de la primera se extiende a departamentos como Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. La segunda hace presencia en Cauca, Nariño y Putumayo.
“El control social es una de las afectaciones recurrentes en las zonas de operación del ELN, el Estado Mayor Central FARC-EP, las AGC20, y, en menor medida, la Segunda Marquetalia FARC-EP. Los GAI (Grupos Armados Ilegales), persisten en la imposición de justicia de facto como la expresión más significativa de este fenómeno, ya que conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población. A través de estas acciones los GAI evidencian su poder y buscan aceptación por parte de las comunidades, aprovechando la debilidad de las instituciones en la prestación de servicios públicos, y en la regulación de asuntos inherentes a la convivencia ciudadana, a las relaciones personales y a los ámbitos administrativo, penal, civil, medioambiental, entre otros”, añade el documento de la (OEA).
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Asesinatos selectivos
Frente a los homicidios ordenados por las Disidencias, el mayor Edwin Mesu, expresó: “hay crímenes selectivos, que en muchos casos son ordenados por parte de estas estructuras al margen de la ley en alianza con la delincuencia común. En varios casos los asesinados, cuenta con investigaciones judiciales en su contra y muchas veces se refieren a sujetos que no se alinean con ellos”.
En este sentido, el documento de la Organización de Estados Americanos agrega: que en lo que corresponde al rol de los GAI (en la resolución de conflictos comunitarios, “si bien las JAC son, en la mayoría de las veces, la primera instancia para ello, las AGC y los grupos pos FARC-EP, tienden a intervenir en los asuntos que no son resueltos por los organismos comunales, relacionados con hurtos, riñas, etcétera, o cuando son de mayor gravedad como la violencia sexual y física, homicidios o la venta no autorizada de Pasta Base de Coca (PBC). Los castigos impuestos van desde las multas o agresiones físicas, hasta el desplazamiento forzado u homicidio”.
En este sentido, la coacción y el constreñimiento hacia líderes y lideresas son prácticas violentas ejercidas por parte de los (GAI) para consolidar su poder en los territorios, especialmente donde existen disputas territoriales. Estas prácticas pueden derivar en amenazas, desplazamiento forzado, homicidio o desaparición forzada.
Finalmente, el comandante del Gaula-Ejército, agregó: “entonces es la invitación a que denuncien, estén con su fuerza pública, con la institucionalidad a que no permitamos que estos bandidos, vuelvan a tomar el poder en las zonas rurales y que podamos vivir en esa paz en la que venía el territorio opita”.
