Presuntas irregularidades en la liberación de jóvenes detenidos en protesta. Así lo denunció este martes 27 de diciembre la procuradora Margarita Cabello, que de paso indicó que la persona encargada de entregarle las órdenes de salida a esos nuevos gestores de paz del Gobierno nacional no estaba capacitada para tal competencia.
Debido a ello, la cabeza del Ministerio Público radicó una queja ante el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo, en la que cuestionó el actuar de la directora del Centro de Servicios Judiciales, que firmó las boletas de Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez Charris, ambos capturados en medio del paro nacional de 2021.
“La semana pasada encontramos que quien entregó esa orden o quien firmó esa orden de libertad fue la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao, persona que, según consideramos, no tiene competencia para ello”, expuso Cabello Blanco
Aclaró además que deben ser procuradores delegados quienes se encarguen de hacer este procedimiento. Sin embargo, esto no es todo, pues habría más anomalías que son investigadas por otras autoridades: en el folio firmado por Jairo Acosta, procurador delegado 5 con funciones mixtas en asuntos penales, son precisados dos hechos puntuales que son materia de investigación por parte de la Procuraduría.
En primer lugar, señaló que la funcionaria de la Rama Judicial se tomó atribuciones que no le correspondían y el 22 y 23 de diciembre de este año le otorgó la libertad de Bermeo y Márquez, quienes estaban recluidos en cárceles de Girón (Santander) y Medellín. El origen de esta queja fue un pronunciamiento del juzgado 69 de garantías de Bogotá, el cual desmintió haberles dado la libertad a estos jóvenes pese a que es en esa dependencia donde fue adelantado el proceso contra Márquez por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
A su vez, en la segunda queja, la Procuraduría manifestó que la directora del Centro de Servicios Judiciales tampoco habría convocado al organismo de control para efectuar la salida de los detenidos. En ese sentido, también le hizo saber al presidente del Consejo Superior de la Judicatura que cuando varios funcionarios de ese Ministerio Público acudieron al Centro de Servicios de Paloquemao, no se les permitió acceder a información y “tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberíamos haber dado”.
Según la procuradora, con base a estas presuntas irregularidades es necesaria una reorganización de los centros judiciales en el país a fin de que esta entidad pueda cumplir con sus órdenes legales y constitucionales a la hora de interceder en procesos penales como los de los detenidos en protestas que serán designados como voceros de paz.
Finalmente, hizo un llamado a la magistratura para que mantenga el equilibrio de poderes “como el de la colaboración armónica interinstitucional que ello supone”. Por otra parte, es de recordar que se espera la liberación de otros cinco jóvenes que, de acuerdo con la Comisión Intersectorial establecida en el decreto 2242 de 2022, son idóneos para ser voceros en representación del Gobierno Nacional.
