Culminados los términos legales para que se le diera el primer debate al Proyecto de Ley sobre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2023, por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República, obliga al ejecutivo para que lo adopte por Decreto. El gobierno Nacional ha tomado la decisión como lo había anunciado con anterioridad, mediante amenazas a los congresistas que debían aprobarlo por un monto de 523 billones de pesos, el cual se encuentra desfinanciado en 12 billones de pesos. Para ello, simultáneamente presentaron un proyecto de Ley denominado Ley de Financiamiento, con el fin de modificar nuevamente la estructura tributaria del país. Desafortunadamente los informes sobre recaudos obtenidos durante la presente vigencia han sido inferiores a los previstos en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos para el 2024, lo cual va a generar un desequilibrio superior a los 40 billones de pesos. Esta situación es muy preocupante para la salud de las finanzas públicas, porque este desequilibrio presupuestal lo va a impactar negativamente para el próximo año.
El gasto público del presupuesto general de la Nación durante el primer semestre de 2024 creció un 22% y solamente los ingresos aumentaron apenas un 4%, siendo absurdas las medidas gubernamentales adoptadas, porque no conocen la palabra austeridad. Ha sido un derroche en el aumento de los gastos de funcionamiento, desconocimiento uno de los principios presupuestales que establece la normatividad: la planeación y el equilibrio. Los integrantes del equipo económico del alto gobierno los desconocen. Paralelo a lo anterior, el incremento de los subsidios a las organizaciones sociales, sin tener en cuenta dichos preceptos, contribuyen a generar una mayor incertidumbre para la programación y aprobación del nuevo presupuesto para el 2025.
Igualmente, la actual coyuntura macroeconómica que presenta el país está provocando una desincentivación para fortalecer al sector empresarial del país. Recordemos que son responsables del pago del 80% de los impuestos tributarios del país y del 85% de la generación del empleo, pero desde que asumió el poder el actual primer mandatario de los colombianos, se ha dedicado a atacarlos de manera permanente, que junto con la creciente criminalidad que tiene dominado el 30% del territorio del país, está incidiendo a través de las extorsiones para que existan una reducción de los recaudos a la Dian. Adicionalmente la aplicación de la anterior reforma tributaria y del aumento del precio del galón de gasolina en 7 mil pesos en solo 14 meses, contribuyeron a diezmar el consumo de las familias colombianas que representan el 62% del Producto Interno Bruto y por consiguiente afectaron a los demás agentes económicos, que están generando una disminución importante de los ingresos. Los anteriores factores están amenazando seriamente el futuro de las finanzas públicas del país.
