Nuestro código penal consagra el delito de prevaricato, que etimológicamente significa actuar de manera torcida por parte de un servidor público que en ejercicio de sus funciones profiere decisión manifiestamente contraria a la ley, lo cual no solo es reprochable desde el punto de vista punitivo sino ético, que se encuadra por supuesto en el campo de la corrupción que es plaga bíblica en el país convertida en el régimen imperante en el establecimiento, que acude con impudicia no solo a violar la ley sino la misma Constitución trocada en rey de burlas por los que acuden manidamente a mencionarla como inviolable, pero que en la práctica no tienen ningún empacho en violarla para satisfacer sus torcidos intereses, como ha ocurrido en el Congreso de la República amparados en la inviolabilidad de los votos y opiniones de sus integrantes.
La Corte Constitucional ha dicho, que cuando se produce una abierta contradicción de preceptos constitucionales por parte de un funcionario público da lugar a una investigación penal por el delito de prevaricato, que en este caso yo llamaría prevaricatazo por violar la ley suprema, que es el delito en que han incurrido a ciencia y paciencia para favorecer sus desviados intereses electoreros, los congresistas que aprobaron la suspensión de la Ley de Garantías en la Ley orgánica de presupuesto, sabedores de que implicaba una repugnante violación de la Constitución porque se trataba de una ley estatutaria que solo podía ser reformada por esa vía con control previo de la Corte, que se pasaron por la faja con la misma impudicia para que entrara en vigencia la inconstitucional suspensión en época electoral.
Y yo diría igualmente que los marrulleros congresistas no solo incurrieron en el delito de prevaricatazo, siendo unos prevaricadores al desconocer impúdicamente el principio de inviolabilidad de la Constitución para aprovecharse del crimen fomentando el clientelismo y el fraude electoral, sino que incurrieron en causal de pérdida de investidura no solo por violar dolosamente la Constitución la cual están obligados a respetar, y por incurrir en un conflicto de intereses al ser los principales beneficiarios para tratar de mantener su investidura de congresista con la grosera suspensión de la ley de garantías embozada como estímulo a la inversión para reactivar la economía y generar empleo, que ameritaría que la Corte Suprema y el Consejo de Estado revisaran el tema de la inviolabilidad de los congresistas cuando actúan con total desprecio por la Constitución.
Porque lo más grave del irrespeto a la Constitución con la suspensión de la ley de marras, es que no fue un acto independiente del Congreso convertido en apéndice del Ejecutivo, sino un verdadero orangután legislativo concertado, a lo cual nos tiene acostumbrados la clase política corrupta que nos mal gobierna que debe ser sancionado, a la que no le importa violar la Constitución y mucho menos la opinión pública, que a pesar del rechazo a sus torcidas prácticas no se manifiesta en las urnas para que siga reinando en su beneficio el clientelismo y el fraude electoral como manifestación de la corrupción que nos arrasa.
