Por: Ernesto Cardoso Camacho
Ha iniciado su gestión el gobernador Villalba llamando la atención del gobierno nacional y desde luego a los huilenses, acerca de la debacle administrativa, técnica y financiera de la principal empresa regional que es Electrohuila. Según el mandatario existe la clara intención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y del Ministerio de Hacienda, de intervenir la empresa, hecho que constituye un primer paso para su liquidación y/o posterior privatización.
Como bien se sabe, el principal accionista es la Nación aunque el departamento, varios municipios y un privado que a propósito parece ser un fantasma, pues nadie sabe quién es; en su conjunto poseen cerca del 18% de las acciones de la empresa. Su naturaleza jurídica es de Empresa Industrial y Comercial del Estado, pero por ser empresa de servicios públicos domiciliarios, actúa en su actividad comercial como Sociedad de Economía Mixta y en consecuencia su régimen de contratación se realiza mediante el derecho privado, aunque sus decisiones administrativas se gobiernan por el derecho público.
La enorme importancia estratégica de Electrohuila como motor del desarrollo regional no tiene discusión alguna. La poca energía que produce y la que compra en la bolsa, la comercializa atendiendo las necesidades de sus usuarios como clientes domiciliarios o empresariales y el consumo se factura con las tarifas más altas del país, como lo han asegurado varios conocedores del tema; a pesar de tener aquí la generación hidroeléctrica en Betania y el Quimbo.
Ahora que el gobierno Petro ha insinuado que la empresa debería convertirse en lider regional para la transición energética, en el sentido de generar energías limpias, sostenibles y amigables con el medio ambiente; la alarma de su intervención se hace aún más preocupante; dado que podria privatizarse y sus utilidades se fugarían del entorno económico regional, así como las oportunidades laborales y de contratación para muchos profesionales huilenses.
En estas circunstancias el tema constituye el primer gran reto para el gobernador. Sin embargo, conviene mencionar que su antecesor y pupilo político, el gobernador Dussan, en su condición de miembro de la Junta Directiva de la empresa, nunca mencionó la fragilidad a que la condujeron administraciones repartidas a cuotas políticas del andradismo y del exsenador Macías, en los últimos 6 años, quizás porque fueron socios de su elección y de su gobierno.
De igual manera, sorprende que el presidente Petro haya decidido mantener la gerencia en encargo de alguien que no tiene la idoneidad ni experiencia en el sector y que además esté tolerando lo que han denunciado algunos medios, en el sentido que existe una guerra de poder al interior de la entidad. Este hecho hace aún más meritoria la actitud del nuevo gobernador al denunciar la intención de intervención, pues como bien se sabe, amplios sectores del Pacto Histórico lo acompañaron en su elección. Al parecer, los intereses personales y políticos están jugando un papel protagónico en la calamitosa situación que sufre la empresa.
Pues bien. El reto del gobernador deberá ser prontamente resuelto en favor de la empresa, de sus trabajadores, de sus clientes, proveedores y contratistas, pero muy especialmente en favor de la región y de la comunidad huilense. La demora en asumirlo y resolverlo hace más gravosa la situación.
Quienes conocen del tema afirman que la decisión de intervención es el peor escenario posible. Por ello sugieren una acción rápida y eficaz concertada entre Petro y Villalva para designar un nuevo gerente que conozca del tema, que garantice transparencia y asuma el reto de frenar la debacle y recuperar en corto tiempo los estados financieros, ad/vos y técnicos; con el único fin de conjurar el peligro de la intervención; o incluso de la toma de posesión, medida que también generaría inquietud y desconfianza.
Tiene así en sus manos el gobernador Villalva una prueba de fuego acerca de su capacidad de gestión y de concertación con el gobierno nacional. El asunto no da más espera pues los huilenses debemos exigir nuestros derechos y defender la empresa emblemática que ha contribuido al desarrollo regional, a pesar del cáncer de la politiquería y la corrupción a que la han sometido en los últimos años. Pero claro, además exigiremos cuentas claras para conocer los entuertos y sus responsables. No más tolerancia con la maldita corrupción.
