Fernando Bermúdez Ardila
Uno de los grandes problemas que tiene el país es la población carcelaria en los centros de reclusión dónde son llevadas las personas para que paguen por un delito y supuestamente ser devueltos a la sociedad aptos para vivir en ella, pues ese debe ser el espíritu de la ley, la humanidad y la readaptación del individuo, obviamente sin violar sus derechos humanos o los derechos fundamentales; pues de lo contrario no se aplicaría la ley sino que se convertiría en la venganza del estado contra un individuo.
Pero contrario a ello el hacinamiento en las prisiones de Colombia hace que ya sus principios y sus derechos humanos comiencen por ser violados.
El Estado no tiene con qué pagar los altos costos de la construcción de más prisiones, aunado a esto la manutención de todos los reclusos y un aparato de vigilancia humano y técnico, por lo que es urgente encontrar solución viable que satisfaga al estado y al recluso.
Cuando un individuo es privado de su libertad los primeros que sufren son su familia, qué quedan en el abandono económico total, sus hijos, la gran mayoría entran a ser parte activa también de la delincuencia y sus hijas tomar el camino fácil para sobrevivir.
Si el individuo ya tenía algunos conocimientos delictivos, el ocio que hace parte de las prisiones, y las manadas de lobos que en ellas se conforman a la que debe unirse por supervivencia le enseñarán todo lo que desconocía del infinito mundo del hampa y maldad, por lo que no se está devolviendo un individuo resocializado a la sociedad si no un delincuente aventajado con los conocimientos y las conexiones que adquirieron en el reclusorio.
Urge entonces una reforma carcelaria, que las prisiones sean verdaderos centros de resocialización, que sean entregados en concesión a empresas privadas para que estas las construyan y las administren. Les enseñen a los internos una profesión y la ejerza durante el tiempo que dure su estadía en la cárcel, que desde el lugar de retención pueda ayudar a su familia económicamente o salga al terminar su condena con un cheque ganado dignamente y una profesión que le permita subsistir el resto de su vida.
A los administradores del Estado se les olvida, que ellos manejan el dinero de los contribuyentes y que éste debe ser optimizado, que los internos de las prisiones son seres humanos qué deben ser devueltos a la sociedad aptos para vivir en ella, y que la empresa privada puede convertir las prisiones en grandes fábricas y centros de producción.
Esto significa la reducción de gastos del Estado, ganancia en productividad y en mano de obra calificada.
