La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra Juan Carlos Casallas Rivas, actual secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila, así como contra sus antecesores Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo y Edgar Martín Lara.
La indagación responde a presuntas irregularidades en la adquisición de seis vehículos tipo cisterna destinados a los cuerpos de bomberos del departamento, en un contrato firmado en octubre de 2023 por un valor de 4.356 millones de pesos.
La investigación, a cargo de la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila, examina un posible incumplimiento de funciones de los implicados, quienes, en su rol de administradores y ordenadores de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, debían supervisar el contrato. A la fecha, ninguno de los vehículos ha sido entregado a los cuerpos de bomberos de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Rivera, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo del proceso contractual.
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Para esclarecer el caso, el órgano de control ha solicitado a la Gobernación del Huila que entregue copias de los estudios previos que fundamentaron la firma del contrato. Además, solicitó información sobre la efectividad de alguna póliza o la posible ampliación de garantías en el contrato bilateral, con el fin de asegurar la cobertura de los compromisos adquiridos.
Con esta apertura de investigación, la Procuraduría busca confirmar la ocurrencia de los hechos, determinar si constituyen una falta disciplinaria y establecer las causas, el contexto y el posible perjuicio causado, así como la responsabilidad de los involucrados. Los funcionarios investigados tienen la opción de solicitar ser escuchados en versión libre durante el proceso, si así lo desean.
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