La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario general (e) de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Javier Eduardo Rocha Amarís, por un presunto pago inapropiado de un servicio de transporte durante la pandemia, cuando los funcionarios realizaban sus labores desde casa.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha argumentado que, al parecer, el acuerdo bilateral pactado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco no se llevó a cabo, a pesar de que se autorizó el desembolso de cerca de $400 millones, lo que podría haber representado un detrimento patrimonial para las finanzas públicas.
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El organismo de control ha señalado que tanto Rocha Amarís como el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, William Alberto Acosta Romero, quienes también están involucrados en el expediente, formaban parte del comité operativo y podrían haber incurrido en irregularidades al firmar la certificación de cumplimiento del contrato y su correspondiente acta de liquidación.
Además, la entidad investigará la participación del contratista José Ignacio Sarmiento, quien ejerció funciones públicas junto con Acosta en la supervisión del negocio jurídico.
Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas realizada por la entidad, se busca verificar la veracidad de los hechos denunciados, determinar si constituyen una falta disciplinaria y establecer si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
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