En la segunda jornada de recolección de información y material probatorio, este miércoles en desarrollo de la indagación previa por el incendio en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Tuluá de la madrugada del 28 de junio, la Procuraduría General de la Nación recibió testimonios de nueve personas privadas de la libertad, cinco integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y del director del establecimiento.
Adicionalmente, la comisión enviada por la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, recorrió las instalaciones del centro penitenciario y escuchó las inquietudes de los internos sobre las necesidades de atención médica y psicológica, de apoyo jurídico y de elementos de primera necesidad (ropa, elementos de aseo, colchonetas) que les permitan superar la contingencia.
En este sentido, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, hizo un llamado urgente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a las autoridades municipales y departamentales para que tomen medidas inmediatas que fortalezcan la atención médica y psicosocial de las personas afectadas por la tragedia.
Finalmente, la Procuraduría solicitó a las autoridades penitenciarias y carcelarias que revisen, actualicen y/o adopten planes de contingencia en los 128 establecimientos de reclusión del orden nacional y tomen las medidas necesarias para que la lamentable situación presentada en Tuluá no vuelva a ocurrir.
