Según el Ministerio Público, hay otros 258 mil beneficiarios en riesgo por la suspensión en Caquetá, La Guajira, Montería, Neiva, Pitalito, Sahagún y Villavicencio.
A medida que se acerca el reinicio de clases en las instituciones y sedes educativas beneficiadas por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre los riesgos en la operación del servicio de asistencia alimentaria para cerca de 306 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país.
Según el informe presentado por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), el Ministerio Público ha sido informado sobre las alertas en 4 de las 97 entidades territoriales certificadas, lo que pone en peligro el reinicio de la prestación del servicio en los departamentos de Cauca, Córdoba, La Guajira y Magdalena debido a diligencias contractuales, trámites administrativos y falta de recursos.
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La Procuraduría también ha señalado que, según el informe, los departamentos de Caquetá y La Guajira, junto con los municipios de Montería, Neiva, Pitalito, Sahagún y Villavicencio, han reportado dificultades para continuar brindando el servicio de alimentación escolar durante el segundo semestre del año debido a la insuficiencia de recursos que les impedirían cumplir con el PAE hasta el último día del calendario académico.
Ante esta grave situación, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer ha anunciado que, en conjunto con la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, continuará llevando a cabo acciones preventivas y solicitando a las autoridades competentes que se garanticen los derechos fundamentales de los beneficiarios del PAE. Esto incluye verificar los procesos contractuales y requerir al Ministerio de Educación información sobre los trámites para la asignación de recursos y la distribución de los recursos adicionales solicitados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
