La Procuraduría General alerta sobre el alarmante reclutamiento forzado de menores en Huila, donde comunidades indígenas son víctimas del conflicto armado y enfrentan una deserción escolar creciente. Los grupos armados ilegales utilizan redes sociales para atraer a los jóvenes, sumergiéndolos en una realidad de aislamiento y violencia, mientras el Ministerio Público exige medidas urgentes para proteger a estos menores y preservar la paz en sus territorios.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una grave advertencia al gobierno del presidente Gustavo Petro, poniendo en foco el preocupante aumento del reclutamiento forzado de menores en el departamento del Huila. La alerta, presentada ante la consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro García, destaca una situación crítica que afecta especialmente a comunidades indígenas en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira.
Aumento del reclutamiento y deserción escolar en comunidades indígenas
El Ministerio Público ha recalcado que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección, amparados por medidas de prevención establecidas por la Corte Constitucional. La entidad subraya la importancia de que se garanticen acciones diferenciales y adecuadas que protejan su derecho a la libre determinación y desarrollo, lo que incluye salvaguardar sus condiciones políticas, económicas, sociales y culturales.
Según denuncias recogidas por el Consejo Regional Indígena, el recrudecimiento del conflicto ha llevado a un incremento en las amenazas y reclutamientos forzados de menores, situación que ha impactado en la deserción escolar en estas comunidades. La defensora del Pueblo en Huila, Johana Elena Rojas, advirtió que en 2024 se ha registrado oficialmente el reclutamiento de 13 menores de edad en el departamento. No obstante, Rojas explicó que esta cifra podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por posibles retaliaciones. “Tenemos un subregistro porque hay padres y familiares que no están denunciando lo que está ocurriendo, porque temen por el resto del núcleo familiar y el reclutamiento de otros menores en casa”, señaló la defensora.
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Estrategias de reclutamiento a través de redes sociales
Un aspecto alarmante es el uso de redes sociales por parte de estructuras armadas ilegales para atraer a los jóvenes. Según el Ministerio Público, estos grupos difunden videos y publicaciones que seducen a los menores con promesas de una “mejor vida” dentro de sus filas. Sin embargo, una vez los jóvenes se integran, quedan completamente aislados y sin posibilidad de retorno a sus familias. “Estos menores son completamente desarraigados y no pueden volver a tener contacto con sus familias”, enfatizó la defensora Rojas.
Exigencia de medidas efectivas y protección para los menores
La Procuraduría ha instado a la Presidencia de la República a informar sobre las medidas implementadas para proteger la vida y la libertad de los pueblos indígenas en Huila. Este requerimiento se enmarca en las funciones de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la consejería presidencial. La entidad espera que se establezca una ruta efectiva que promueva la disuasión del reclutamiento y garantice una mayor seguridad en las zonas rurales.
Avances recientes en la recuperación de menores
Como un avance positivo, en La Plata se reportó recientemente la recuperación de dos menores de edad que habían sido reclutadas por un grupo armado. Este hecho destaca la importancia de implementar de manera urgente mecanismos de protección que eviten la vulneración de los derechos de los menores en estas comunidades.
La Procuraduría continuará vigilando el cumplimiento de estas medidas y exigiendo al Estado que intensifique su respuesta ante el flagelo del reclutamiento forzado en Huila, buscando salvaguardar la vida y dignidad de los menores y garantizar que los pueblos indígenas puedan vivir en paz y libertad en sus territorios.
La situación en Huila es un reflejo de la grave amenaza que enfrentan muchas comunidades indígenas en zonas de conflicto en Colombia. El reclutamiento forzado de menores no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también socava el tejido social de estas poblaciones, pues los jóvenes son apartados de su entorno, su educación y sus familias, dejándolos en un estado de vulnerabilidad extrema. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y la Procuraduría insisten en que el gobierno debe actuar con celeridad para impedir que los grupos armados ilegales sigan utilizando estas prácticas y, de esa manera, asegurar que los menores no sean forzados a participar en actividades violentas que ponen en riesgo su integridad física y emocional.
Para enfrentar esta problemática, es fundamental que el Estado implemente políticas integrales que incluyan no solo la protección de los menores, sino también la atención psicológica y el restablecimiento de sus derechos cuando logran ser recuperados. Las instituciones educativas, junto con las organizaciones comunitarias, juegan un papel crucial en la prevención, pues deben trabajar de la mano con las autoridades para promover espacios seguros y desarrollar programas que ofrezcan alternativas de vida para los jóvenes en riesgo. La situación demanda no solo un aumento de la presencia estatal en las zonas rurales de Huila, sino también una estrategia de largo plazo que garantice condiciones de seguridad y bienestar para estas comunidades vulnerables.
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