La Procuraduría General de la Nación ha hecho una grave denuncia ante la consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro García, respecto al reclutamiento de menores en el departamento del Huila.
Esta situación se ha identificado especialmente en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira, donde, según un informe del consejero político del Consejo Regional Indígena, se ha evidenciado un aumento en el reclutamiento y las amenazas hacia los niños, provocando incluso la deserción escolar.
El ente de control hizo hincapié en la importancia de proteger a las comunidades indígenas, las cuales son consideradas sujetos de especial protección y merecedoras de medidas de prevención, tal como lo ordena la Corte Constitucional. Esta protección es esencial para garantizar el derecho a la libre determinación de estas comunidades, así como su desarrollo económico, social y cultural.
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En su comunicado, la Procuraduría solicitó a Castro García que informe sobre las medidas y acciones que se han implementado para salvaguardar la vida, la libertad y la pervivencia de los pueblos indígenas en el Huila, que actualmente están siendo afectados por la presencia de actores armados ilegales en sus territorios. Esta solicitud se basa en las funciones de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, que está bajo la dirección de la consejería presidencial.
La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los menores en Colombia, donde el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales sigue siendo un problema significativo.
“Esta solicitud del ente de control se dispuso de acuerdo con las funciones de secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados, que ejerce esa consejería presidencial”, manifestó la Procuraduría.
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