La Procuraduría General de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, ha asignado diez procuradores delegados para reforzar la vigilancia e intervención en las comisiones escrutadoras departamentales.
Estas acciones se han tomado debido a las reclamaciones y alteraciones del orden público que se han presentado tras las elecciones del 29 de octubre.
El propósito fundamental es garantizar la transparencia del proceso y preservar los principios democráticos en las ciudades donde se han identificado problemáticas relacionadas con el escrutinio, como Sincelejo, Montería, Popayán, Cúcuta, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Bogotá.
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La presencia de la Procuraduría en las 2,904 mesas escrutadoras habilitadas después de los comicios de Asamblea, Gobernación, Alcaldía, Concejo y Juntas Administradoras Locales (JAL) se centra en verificar el cumplimiento de los protocolos legales y reglamentarios. Los funcionarios judiciales, regionales y provinciales del Ministerio Público están evaluando posibles irregularidades que no hayan sido reportadas por los testigos electorales, tomando acción si se evidencia algún acto ilegal.
Además, como parte de su labor, se verifica la conducta de los servidores públicos en las mesas de escrutinio para garantizar que no se cometan faltas disciplinarias. La Procuraduría interviene en casos donde se detecten irregularidades, dejando constancia y exponiendo los fundamentos de la transgresión detectada. Este esfuerzo busca asegurar la transparencia y legalidad en el proceso electoral.
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