La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) un informe detallado sobre las medidas de protección adoptadas hasta el momento para garantizar la vida y seguridad de los directivos de las cárceles y demás funcionarios del INPEC amenazados por grupos criminales.
En una comunicación enviada al director de dicha institución, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier A. Sarmiento, pidió información sobre las acciones y adquisiciones urgentes planteadas tras la declaratoria de emergencia carcelaria en febrero pasado. Esta declaratoria fue emitida en respuesta a una crisis de seguridad y la Procuraduría busca conocer cuáles de estas medidas se han concretado y cuáles no se han cumplido.
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Además, el delegado Sarmiento solicitó copia de las solicitudes de protección hechas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las amenazas contra el director de la cárcel Modelo de Bogotá y otros funcionarios, así como las respuestas obtenidas.
Finalmente, Sarmiento requirió copia del plan de seguridad elaborado en el consejo de seguridad realizado tras el asesinato del Coronel Élmer Fernández.
Con la información recaudada, la Procuraduría evaluará la pertinencia de tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios responsables de estas graves fallas de seguridad.
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