El Ministerio Público le lanzó fuerte llamado de atención al Instituto y le solicitó un informe detallado de las acciones que adelanta para evitar el flagelo.
El Instituto de Bienestar Familiar de Colombia ICBF tendrá que responder por caso en el que un niño indígena de la comunidad Embera Chami fue sometido a una ablación (mutilación genital). La acusación solicitó a la agencia que describiera las acciones tomadas contra estas prácticas entre las niñas y jóvenes aborígenes.
La fiscalía también solicitó un informe sobre los esfuerzos para restituir los derechos de las madres adolescentes recién nacidas y de 15 años. Asimismo, el ICBF deberá confirmar que se ha realizado un escenario de diálogo o sensibilización con la Autoridad del Resguardo de Pueblo Rico Guito Dokabu en Risaralda y las comunidades y pueblos indígenas afectados.
Además, la MGF (mutilación genital femenina) es una forma de violencia sexual y, como parte de su función de prevención y control, el ICBF generalmente debe proporcionar a la fiscalia una serie de pasos administrativos para restaurar sus derechos. PARD es desde 2018 hasta la actualidad. Sobre la violencia sexual relacionada con la mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.
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El Hospital San Rafael del mismo barrio se ha visto implicado en al menos nueve casos de violencia contra menores en los últimos días y también investiga un caso de agresión sexual. Ante el incidente, el ICBF dijo que tomará todas las medidas necesarias para reducir este tipo de violencia. En ese contexto, explicaron que iniciaron un diálogo con el alcalde local de la comunidad. Según la directora del ICBF de Risaralda, Claudia Patricia Serna, los expedientes ya fueron enviados a la Fiscalía, se establecieron métodos de tratamiento para cada sujeto y se seguirá monitoreando el estado de salud de los menores afectados. También iniciaron un proceso con antropólogos profesionales para determinar por qué se revivió la práctica después de que acordaron no usarla.
