En entrevista para el Diario del Huila, el Procurador Delegado para el Seguimiento de los Recursos del SGR, indicó que a nivel departamental fueron revisados 27 proyectos de inversión pública, de ellos nueve, encendieron las alarmas de la entidad. Además señaló que dicha vigilancia evitó la “mala inversión” de 30.000 millones de pesos.
Diario del Huila, economía
Por: Gloria Camargo
En el departamento del Huila, la Procuraduría General de la Nación indicó se viene haciendo una evaluación juiciosa de los proyectos de inversión pública para evitar una mala inversión de los dineros o los mal llamados ‘elefantes blancos’.
Frente al tema, el Diario del Huila, dialogó con el procurador Delegado para el Seguimiento de los Recursos del Sistema General Regalías, John Harvey Pinzón Navarrete, quien señaló que en el transcurso del presente año se han evaluado 27 proyectos por un valor aproximado de 562.000 millones de pesos.
El funcionario destacó que el departamento, tras esa primera revisión, la alerta fue encendida en nueve proyectos de inversión pública en ciencia y tecnología, vivienda e infraestructura.
Procurador delegado, ¿Cuál ha sido el actuar de la PGN en el Huila frente a los proyectos en el departamento?
El Grupo Especial de Seguimiento de la Procuraduría General de la Nación tuvo la oportunidad de revisar 27 proyectos de inversión pública en el departamento del Huila por un valor aproximado de 562.000 millones de pesos, de ellos para la Procuraduría preocupa y la llama la atención, nueve proyectos de inversión pública.
¿De qué tipos son estos proyectos?
En específico, son cuatro de ciencia y tecnología, dos de vivienda, otro de la construcción de un puente, otro de la implementación y adecuación de un auditorio de la Universidad Surcolombiana y otro de la construcción de una ESE.
¿Qué hallazgos encontraron en estos proyectos?
El primero, que es de ciencia y tecnología es un proyecto que tenía deficiencias en los estudios en la planeación y tenía problemas de presupuesto. Gracias a la visita del grupo especial de seguimiento, se logró además que el mismo Departamento solicitara la liberación de los recursos es decir, que no se perdieran y que no fueran mal invertidos 30.000 millones de pesos. Los demás proyectos comparten en común algunas presuntas deficiencias desde el punto de vista del proyecto de inversión pública.
¿Dónde se visitaron los proyectos de este tipo?
El Grupo Especial de Seguimiento tuvo la oportunidad de visitar algunos proyectos en los municipios de Garzón, Elías, Aipe, Neiva, Rivera, Campoalegre, Gigante, Isnos, San Agustín y Pitalito. Digamos que esos han sido los municipios que en teoría serían los beneficiarios de esos proyectos de inversión pública.
¿Cuáles son las presuntas deficiencias que generan las dudas con respecto a los proyectos?
Decir que se duda mucho del nivel de maduración que tienen esos estudios, de la sostenibilidad de los recursos que se necesitan. Por ejemplo, hay otro proyecto de ciencia y tecnología de 10.000 millones de pesos, el cual no ha empezado y ya se dice que se necesitan 3.600 millones de pesos adicionales, eso preocupa a la Procuraduría, porque en un proyecto de inversión pública ese tipo de cosas no puede suceder.
¿Esto sucede por falta de conocimiento para la formulación de los proyectos o actos de corrupción?
En principio por falta de conocimiento, porque no hay una planeación adecuada, por no entender que cualquier proyecto de inversión pública debe tener un nivel de estudios muy riguroso, el cual se conoce como Fase 3, eso en principio. Y precisamente de las otras líneas de investigación es si puede haber hechos de corrupción. Para la Procuradora General, es bien importante este año este año que es electoral porque aquí hay una serie de recursos que no se puede invertir de manera inadecuada y por supuesto que tenemos que evitar a toda costa que estos recursos se vayan a desviar para fines que no sean precisamente del interés general.
¿Se buscan evitar nuevos ‘elefantes blancos’ en el Huila?
Eso es precisamente lo que queremos evitar. En esta visita se pretende evitar ‘elefantes blancos’, y ya tenemos un resultado preciso en el que se evitaron que se perdieran 30.000 millones de pesos, pero no solo esos proyectos de inversión pública, sino también los que están siendo objeto de evaluación de la Procuraduría. Tenemos también actuaciones disciplinarias que tienen que ver por ejemplo con la construcción de un proyecto de inversión pública en Guadalupe, y eso ya es objeto de una acción disciplinaria, seguramente más adelante conoceremos los resultados de esa investigación.
Precisamente, con el tema del año electoral, ¿Qué se ha definido respecto al año electoral?
Esta Procuraduría Delegada expidió una circular para recordarle a todas las entidades, a los gobernadores y a los alcaldes, la obligación de simplemente comprometer hasta el 60% de los recursos. Esto porque inicia un nuevo periodo en el próximo año y entonces el Sistema General de Regalías, establece que la totalidad de los recursos no se puedan ejecutar, porque recordemos que el presupuesto de regalías es bianual, es decir comprende dos años. Entonces la norma establece que únicamente los actuales mandatarios podrán comprometer del presupuesto general de regalías hasta el 60%.
Alerta electoral
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha emitido una advertencia contundente en relación con el uso de los recursos destinados al Sistema Nacional de Regalías con fines políticos. Cabello Blanco señaló que la contratación pública mediante el uso de estos recursos es una vía por la cual los funcionarios públicos llevan a cabo desfalcos.
La Procuradora manifestó su preocupación, especialmente este año, debido a que es un año electoral. Expresó que el riesgo de utilizar los recursos de las Regalías con fines políticos personales es muy alto, por lo cual es necesario mantener una vigilancia constante sobre la contratación pública y las obras financiadas con dichos recursos.
Además, Cabello Blanco hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para garantizar la transparencia y el derecho al voto, particularmente en diez municipios de seis departamentos del país que presentan un riesgo latente para el proceso democrático debido a problemas de seguridad ciudadana relacionados con la presencia de grupos armados y delitos electorales.
Como máxima representante del proceso electoral, Cabello Blanco subrayó la complejidad de las elecciones de este año, que cuentan con aproximadamente 120.000 candidatos aspirando a cargos de autoridades locales, departamentales y a las corporaciones públicas. Esta cifra es significativamente mayor a los 2.822 candidatos que participaron en las elecciones nacionales anteriores.
La Procuradora destacó que el proceso electoral de 2023 presenta el desafío adicional de combinar el sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas. Esto plantea un reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano. Además, se ha observado un aumento considerable en la inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos en comparación con las elecciones locales de 2019, con un total de 1.285 Grupos Significativos de Ciudadanos inscritos a nivel nacional hasta el 17 de mayo.
Por último, la Procuradora General de la Nación recordó que la entidad cuenta con la facultad de indagar, investigar, sancionar y suspender a los servidores públicos.
