La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Salud y la Protección Social, y del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, por la presunta omisión de medidas frente a la posible escasez de algunos medicamentos en el país, lo que afecta los derechos fundamentales a la salud y a la vida.
Según informes, se han agotado las instancias orientadas a obtener una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional, al que desde octubre de 2022 enviaron comunicaciones con solicitudes precisas e instando a garantizar el ininterrumpido suministro de medicamentos esenciales para la población, los cuales resultaron infructuosos.
La Procuraduría ha hecho requerimientos a la ministra de la cartera y al director del Instituto sobre la problemática que se presenta para los afiliados al sistema general de seguridad social debido al desabastecimiento de insumos, y ha pedido información acerca de las medidas adoptadas para atender la situación, que incluso produjo la declaratoria de alerta sanitaria.
La Entidad ha ordenado la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de individualizar los responsables, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
