Un nuevo caso de presuntos sobrecostos en la adquisición de premios para un concurso ha llamado la atención en Santander, llevando al ente de control a iniciar una investigación exhaustiva.
Las acusaciones se centran en la adquisición de premios, como juegos de parqués a un costo de $795.200 cada uno, lo que ha suscitado sospechas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.
La investigación, que está siendo llevada a cabo por la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander, surge a raíz de denuncias realizadas por medios de comunicación. Según las denuncias, se habrían adquirido 174 juegos de parqués a un costo unitario de $795.200 cada uno, así como 42 tabletas a un valor individual de $2’090.450 y 28 computadores de 14” a $4’850.000 cada uno, para premiar a los participantes que ocuparon los primeros puestos en un concurso.
Le puede interesar: Procuradora celebra Sentencia de la Corte Constitucional: “Ha ganado la institucionalidad”
La indagación también se extiende a un segundo contrato bilateral suscrito en 2022, con un valor total de $2.092’000.000, en el cual la gobernación habría aportado $1.460’000.000 y la fundación Funsocial $632’000.000. La investigación busca determinar si Funsocial tenía la capacidad financiera para respaldar sus aportes y si contaba con la experiencia necesaria para ejecutar contratos de tal magnitud.
Las denuncias también involucran a la funcionaria Yexica Nataliza Ardila Ruiz y a la exfuncionaria Carmen Alicia Serpa de Laguado, quienes tuvieron a su cargo la supervisión del convenio de asociación. Se plantea la posibilidad de que se haya falsificado información sobre el lugar de domicilio de la fundación Funsocial en el marco de un contrato financiado con recursos públicos.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander ha anunciado la práctica de pruebas documentales y testimoniales para verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si se configuraron faltas disciplinarias. El objetivo principal de esta investigación es asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y determinar si las acciones de las partes involucradas se ajustan a las normativas legales y éticas.
Le puede interesar:
