La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra tres funcionarios de la Aeronáutica Civil, en relación con presuntas irregularidades en el proceso contractual de adquisición de sillas ergonómicas para el personal de Control de Tráfico Aéreo (ATC) de la regional Centro Sur.
Según la investigación, los funcionarios Esther Josefina Vargas García, Laura María Cantillo Guzmán y Jairo Eduardo Guarnizo Escobar, presuntamente estarían involucrados en sobrecostos en la adquisición de estos mobiliarios de oficina.
El proceso de contratación se inició con un contrato de mínima cuantía por un valor inicial de $300.000.000 destinados a la compra de 23 sillas ergonómicas. Sin embargo, posteriormente se prorrogó el contrato, agregando un monto adicional de $143.327.646 para la adquisición de 11 sillas más.
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La Procuraduría, basándose en pruebas incorporadas a la actuación disciplinaria, ha identificado posibles irregularidades en este proceso de contratación, que incluyen presuntos sobrecostos y falta de justificación en la adición de sillas al contrato inicial.
La adquisición de las 34 sillas ergonómicas supuso un costo total de $443.327.646, lo que equivale a un precio unitario aproximado de $13 millones.
“El valor inicial del contrato fue de $300.000.000, destinados a la compra de 23 sillas. Posteriormente, el contrato fue prorrogado, adicionando un monto de $143.327.646 para la adquisición de 11 sillas de más. De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría, este valor, presuntamente podría exceder el precio de los mobiliarios en el mercado”, mencionó el Ministerio Público.
La Procuraduría continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas en este asunto.
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