Muñoz Calderón habría omitido tener en cuenta el Plan de Desarrollo en el que manifestó la disposición de cofinanciar a los municipios que necesitaran recursos para actualizar el catastro.
Diario del Huila, Neiva
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Neiva, Huila, Gorky Muñoz Calderón (2020 – 2023), por presuntas irregularidades en la asignación del contrato para actualizar el catastro municipal.
Según la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el exmandatario habría otorgado el contrato al emporio Hilsaca para actualizar y administrar el catastro durante 15 años, sin tener en cuenta el Plan de Desarrollo municipal ni seguir los procedimientos adecuados para la cuantía y objeto del contrato.
El convenio firmado por Muñoz Calderón habría generado preocupaciones sobre el recaudo presupuestal y compromisos financieros que podrían superar los $100 mil millones, sin considerar la disposición del Plan de Desarrollo para cofinanciar proyectos similares en otros municipios.
La Procuraduría busca determinar si el exalcalde incurrió en una presunta irregularidad al suscribir el contrato mediante un convenio interadministrativo y verificar si existen faltas disciplinarias relacionadas con la gestión de este negocio jurídico.
Con esta investigación en curso y la solicitud de pruebas, la Procuraduría se propone esclarecer los hechos denunciados, evaluar si constituyen una falta disciplinaria y determinar si los implicados actuaron con base en una causa justificativa de su responsabilidad.
El polémico contrato
El convenio 2105, firmado el 28 de junio de 2023 durante la gestión del exalcalde Gorky Muñoz Calderón, desmantelará la controvertida actualización catastral debido a su carácter ilegal y perjudicial para el municipio de Neiva.
El actual alcalde, Germán Casagua Bonilla, no ve otra alternativa más que dar por terminado el negocio jurídico, considerado excesivamente costoso y desfavorable para la ciudad.
Ante esta situación, el alcalde Casagua solicitó la autorización necesaria para iniciar acciones judiciales y administrativas con el fin de revertir los daños causados por este convenio irregular.
Después de un exhaustivo análisis jurídico en colaboración con expertos, tanto el alcalde como el procurador judicial, David de la Torre Vargas, coinciden en que el convenio debe ser terminado de manera anticipada debido a su nulidad absoluta.
Según el Ministerio Público, el convenio de actualización catastral encubre una operación de crédito público no autorizada, en beneficio de la empresa «cooperante» (ESIP) controlada por Alfonso «El turco» Hilsaca, conocido como el «zar del alumbrado público».
Ante esta situación, el alcalde Casagua ha solicitado expresamente la terminación bilateral del convenio al gerente de ESIP, Diego Alejandro Pérez, y ha ordenado la suspensión inmediata de su ejecución.
El equipo jurídico de la administración respalda la decisión del alcalde y, en caso de no lograr la terminación anticipada del convenio, están dispuestos a buscar una conciliación prejudicial para resolver amigablemente el conflicto y dar por finalizado el negocio de manera bilateral.
A las carreras
El entonces jefe de contratación de la Alcaldía, Juan Diego Isaza Valderrama, y el representante legal de ESIP, Diego Alejandro Pérez Pineda, firmaron el contrato a puerta cerrada durante las festividades de San Pedro el 28 de junio de 2023, en un proceso que se llevó a cabo en tiempo récord, suscribiendo de manera apresurada el convenio interadministrativo 2105.
El procurador judicial David de la Torre denunció que este contrato violaba los principios de transparencia, planeación y responsabilidad, y agregó que estaba viciado de objeto ilícito al contravenir el derecho público nacional.
El alcalde de Neiva respaldó esta denuncia luego de revisar un peritaje técnico y un análisis exhaustivo realizado por su equipo jurídico. Según Casagua Bonilla, los firmantes del acuerdo omitieron el requisito de contar con respaldo presupuestal previo para todos los compromisos que afecten el presupuesto público, en violación del principio de legalidad del gasto. Además, ignoraron el principio de anualidad establecido en el artículo 346 constitucional y el artículo 14 del Decreto 111 de 1996.
Otro polémico contrato
En una reunión virtual celebrada el pasado 27 de febrero entre los alcaldes de Ocaña, Emiro Cañizares, y de Neiva, Germán Casagua, se revisó la legalidad del convenio confirmado por sus antecesores para la gestión catastral de Ocaña.
El exalcalde de Ocaña, Samir Casadiego, y el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, firmaron este convenio en los últimos días de su mandato, y ha sido objeto de cuestionamientos.
En una entrevista con Caracol Radio, Germán Casagua, alcalde de Neiva, expresó su sorpresa al respecto, afirmando que nunca informaron sobre este convenio, firmado el 29 de diciembre, ya al finalizar el gobierno anterior. Según Casagua, se percataron de la existencia del acuerdo a finales de enero, ya que nunca les entregaron la información.
Las investigaciones realizadas en ambas ciudades llevaron a la finalización bilateral del convenio. «Inmediatamente empezamos con la revisión jurídica y encontramos graves deficiencias. Por ejemplo, la ley establece que los gestores deben contar con su propia actualización catastral antes de poder realizar actualizaciones catastrales para otros municipios. Neiva no cuenta con su propia actualización catastral, por lo tanto, no puede llevar a cabo actualizaciones para otros municipios», explicó Casagua.
Además, se identificó que la administración anterior dejó establecido que la empresa encargada de la actualización catastral sería la misma que se encargó del alumbrado público en Neiva, un negocio otorgado por 15 años a una empresa de la costa, que cuenta con varias concesiones.
El alcalde de Neiva solicitó la liquidación negociada del convenio, y de no lograrlo, tanto la administración como la Procuraduría están preparando demandas de nulidad contractual para revocar el acuerdo.
