La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha enviado un concepto a la Corte Constitucional señalando que la Ley de Paz Total (2272 de 2022) no se ajusta a la Constitución debido a que el trámite de la norma vulneró el principio de consecutividad.
Según la Procuradora, varias disposiciones de la ley no fueron discutidas en las comisiones primeras constitucionales permanentes y fueron propuestas solo hasta las deliberaciones ante las plenarias.
Entre las disposiciones no discutidas en las comisiones se encuentra la creación de una instancia de alto nivel del Gobierno Nacional para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas de crimen de alto impacto, así como la calificación de los grupos armados ilegales conformados por personas que integraron organizaciones desmovilizadas al margen de la ley y la reconciliación con la naturaleza como una medida de reparación.
La Procuradora General también expresó su preocupación por la regulación indeterminada e imprecisa de las denominadas «estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto», que podrían obtener prebendas propias de la justicia transicional a pesar de no ser parte del conflicto armado, como se exige en el artículo 66 transitorio de la Constitución Política.
En su concepto, la Procuradora General reconoce el deber del Estado de propender por la finalización de la violencia en el país y la importancia que pueden llegar a tener las negociaciones como mecanismos para lograr dicho objetivo. Sin embargo, enfatiza que las “políticas y planes que se propongan con tal propósito deben ser claros y precisos a efectos de que no haya duda de su consonancia con las disposiciones constitucionales”.
