La Procuraduría General de la Nación ha presentado una solicitud a la Corte Constitucional para que se elimine un aparte de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, relacionada con la contribución especial que deben hacer los estudiantes que buscan financiamiento a través del Icetex.
El artículo en cuestión, el número 95 de la Ley 2277 de 2022, establece que las universidades públicas serían responsables de asumir los intereses de los créditos otorgados por el Icetex, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la Procuraduría considera que este artículo es problemático y debe ser eliminado.
El concepto presentado por la Procuraduría argumenta que la disposición no es clara en cuanto a los elementos del tributo y que fue adoptada de manera apresurada al final del debate parlamentario. Además, se señala que incorporar una norma tributaria que no respeta las disposiciones fiscales de la Constitución no es justificable, ya que el legislador fue exhortado a abordar este asunto a través de una ley específica.
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La Procuraduría sostiene que las instituciones de educación superior asumen el costo de los intereses, lo que debería gravarse a los estudiantes beneficiarios mediante algún tipo de impuesto. Argumenta que las universidades no recibirán beneficios proporcionales al pago de los intereses que tendrían que realizar a los estudiantes del Icetex por los créditos educativos.
Esta solicitud de la Procuraduría genera un debate sobre quién debería asumir los costos de los intereses de los créditos educativos y cómo se debe estructurar adecuadamente la contribución especial. La Corte Constitucional deberá evaluar los argumentos presentados por la Procuraduría y tomar una decisión al respecto, considerando el impacto que esto podría tener en el acceso a la educación superior y en el sistema de financiamiento estudiantil del país.
